El presidente de la Diputación, Carlos Mazón. EPDA
Un momento de la sesión plenaria. EPDAEl pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles por unanimidad la resolución de la convocatoria de ayudas al bono consumo, a las que se han sumado 129 municipios de la provincia, que percibirán en su conjunto 19.730.642 euros, la cifra más alta que se ha movilizado hasta la fecha para ayudar a los consumidores ante la subida de la cesta de la compra y reactivar el comercio local.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha destacado la importancia de este programa "con el que queremos ayudar a las familias a llegar a fin de mes y respaldar al comercio urbano para que alcancen un nivel de ventas aceptable, porque nadie más está ayudando, ni desde la Generalitat ni desde el Gobierno de España".
De los 129 municipios solicitantes, 107 recibirán anticipadamente la ayuda, mientras que 22 han renunciado expresamente a ese anticipo y percibirán la subvención una vez justifiquen el uso de los fondos. Por otra parte, una quincena de consistorios, todos ellos de poblaciones muy pequeñas, no se ha acogido a la convocatoria (Tollos, Famorca, Almudaina, Quatretondeta, Banasau, Alcoleja, Llosa de Camacho, Alcosser, Gorga, Tormos, Sagra, Gaianes, Orxeta, La Vall de Laguar y Aigües).
Cada ayuntamiento podrá a partir de ahora utilizar la partida económica para desarrollar una o cuantas campañas de bono consumo considere oportunas, así como decidir, entre otras cuestiones, qué tipo de establecimientos entra o si se dirige a vecinos empadronados o a todos los ciudadanos.
El diputado de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, ha explicado, en este sentido, que la notificación de la resolución se enviará mañana mismo a los ayuntamientos, "por lo que estos podrán activar las campañas de bono consumo ya cuando quieran".
Por otra parte, durante el último pleno ordinario de esta legislatura antes de las elecciones municipales y autonómicas también se han aprobado dos convocatorias en materia de bienestar social destinadas a ayudar con más de un millón de euros a asociaciones y ayuntamientos de la provincia a la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento y vehículos.
La corporación en pleno también ha autorizado a SUMA a poner en marcha una convocatoria excepcional de subvenciones a ayuntamientos de la provincia que tienen delegada la gestión y recaudación de sus tributos en el organismo tributario. "El objetivo de este plan de ayudas extraordinario, dotado con 2.423.000 euros, es devolver a los consistorios parte del esfuerzo que han realizado estos últimos años para pagar el coste financiero de la delegación de sus tributos", ha indicado la diputada de Tesorería y vicepresidenta de Suma, María Gómez.
Las subvenciones, que se sufragarán con remanentes del organismo tributario, se distribuirán en dos tramos: uno lineal de 3.000 euros para cada municipio y otro proporcional hasta agotar la dotación con el límite del coste satisfecho en 2022 por cada ayuntamiento.
Durante la sesión plenaria se ha acordado, con el apoyo del Grupo Popular y los dos diputados no adscritos y el voto en contra de los grupos de la oposición, interponer por parte de la Diputación de Alicante un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell por el que se aprueba el Plan Sectorial de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal para el ejercicio 2024.
El portavoz del Grupo Popular, Eduardo Dolón, ha explicado que los servicios jurídicos de la institución provincial han emitido un informe en el que se expone la conveniencia de interponer acciones legales contra esta acuerdo, que fija una aportación para la Diputación de Alicante de 16.974.354 euros, "con el objeto de que se proceda a su anulación jurisdiccional por vulnerar la Constitución y otros preceptos legislativos y dado su carácter lesivo a los intereses generales de la provincia de Alicante y, en consecuencia, de la Diputación".
Asimismo, el también diputado de Economía ha recordado que los tribunales ya decretaron, a petición de la institución alicantina, la suspensión cautelar del Fondo de Cooperación para 2023 "por entender que la imposición de esta medida podría perjudicar a los propios municipios".
"Lo que estamos haciendo al aprobar la interposición de este recurso es simplemente defender los intereses de la provincia de Alicante y de la Diputación de Alicante", ha indicado Dolón, quien ha añadido que "tenemos motivos jurídicos y legales más que suficientes para levantar la mano y defender la autonomía de la Diputación, además de decir que las cosas no se hacen así".
En este sentido, ha recordado que desde el primer momento "se ha tendido la mano al diálogo y frente a ello por parte de la Generalitat solo ha habido imposición".
Por su parte, desde el Grupo Socialista y desde Compromís se ha rechazado el punto y se ha defendido el Fondo de Cooperación de la Generalitat.
