Regantes, la Diputación de Alicante y el Gobierno de Murcia alegarán contra el Plan del Tajo

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), el Gobierno de la Región de Murcia y la Diputación de Alicante centrarán sus alegaciones al nuevo ciclo del Plan de la Demarcación Hidrográfica del Tajo en desacreditar el sustento técnico del aumento de los caudales ecológicos, que conllevarían una reducción anual de 100 hm3 para el regadío del sureste peninsular.

El plazo para presentar las objeciones finaliza el próximo miércoles y las tres partes, que han coincidido este lunes en Murcia en una reunión para analizar sus documentos, han considerado que incrementar el caudal ecológico en el Tajo de 6 a 8,6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez obedece a criterios políticos y no un análisis técnico.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha anunciado que los equipos jurídicos y técnico del sindicato cerrarán esta tarde los flecos de sus alegaciones, que tienen previsto presentar este martes en un documento que, según ha afirmado, demuestra que ese incremento obedece a "presiones políticas" de algunas comunidades autónomas, no están basados en fundamentos técnicos y no concuerdan con "lo que pide" la planificación hidrológica española.

Así, Jiménez ha explicado que los estudios realizados por el Scrats son "mucho más recientes, actualizados y adaptados a la realidad" y al cambio climático que los de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que asegura estar basados en datos anteriores a 2009.

Por ello, ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de haber calculado mal las necesidades hídricas del Alto Tajo, al tiempo que ha calificado de "increíble" que la CHT no considere el trasvase una demanda de su demarcación. "No sé de dónde será, si del Sena o del Guadalquivir", ha ironizado Jiménez.

El presidente del Scrats ha afirmado que esa decisión del organismo de cuenca "no cumple la legalidad" y sitúa al acueducto y sus usuarios en el "limbo" de la planificación hidrológica, además de censurar que no se haya realizado un estudio sobre las consecuencias socioeconómicas del aumento de los caudales ecológicos.

"El Miteco no solo lo ha hecho mal, sino que se empecina en hacerlo mal, en contra de la lógica, la técnica y los intereses generales de un país", ha espetado Jiménez, quien cree que esta forma de actuar obedece a que el Gobierno central "esconde una motivación política".

Sin embargo, ha estimado que el Ministerio está "a tiempo de corregir" incorporando las alegaciones del Scrats, que incorporan datos técnicos barajados por técnicos de "relevancia internacional" y "de absoluta confianza" del Miteco y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En caso contrario, ha advertido Jiménez, se pondrá en peligro el futuro de los regantes y, a medio plazo, de los usuarios de abastecimiento del trasvase.

Por su parte, la vicepresidente y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, que ha participado en la reunión de Murcia, ha lamentado "la ausencia de la Generalitat" en este encuentro, al que había sido invitada, según un comunicado de la corporación provincial alicantina.

"Desgraciadamente, una vez más tenemos que lamentar que el president de la Generalitat, Ximo Puig, o, en su defecto, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, hayan declinado la invitación a participar en una reunión sobre un tema vital para el futuro de la Comunitat", según ha afirmado Serna, quien ha añadido que "en política los gestos también son importantes".

Serna ha defendido la necesidad de "unirnos todos para proteger los intereses de los agricultores y regantes del levante español" y ha vuelto a censurar el "rechazo" del Consell a participar en este "frente común", al que también, según la nota de prensa de la Diputación de Alicate, "se ha sumado la provincia de Almería".

"Es muy importante hacer un frente común", ha insistido Serna, quien ha mostrado, asimismo, su preocupación por el sentido de las alegaciones que la Generalitat podría presentar contra la futura planificación hidrológica del Tajo, cuyo plazo de exposición pública finaliza el próximo 22 de diciembre, "porque mucho nos tememos que no van a dar respuesta al problema, ya que ellos mismos lo han generado".

En este punto, ha criticado que "Puig es igual al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su postura ante el trasvase Tajo-Segura".

Serna ha expuesto que el incremento de los caudales ecológicos carece de justificación técnica y ha achacado el cambio a "una decisión política".

"Estamos ante un problema político y debe solucionarse en el ámbito de la política, aunque nos tememos que no se van a atender nuestras alegaciones" ha augurado Serna, quien ha acusado a Puig "de seguir los dictados de la ministra Teresa Ribera".  

A su vez, el consejero murciano de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien ha excusado por motivos de agenda la presencia de su homóloga andaluza, Carmen Crespo, ha aseverado que el Gobierno central está tomando "decisiones políticas buscando motivaciones ecológicas y técnicas que son falsas".

Al respecto, Luengo ha apuntado que el aumento de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez solo supondrían un aumento de la lámina del agua de dos milímetros, lo que, en su opinión, no representa una mejora de la diversidad y del paisaje y sí un perjuicio para el regadío del sureste, que vería reducida la disponibilidad en un 50 por ciento.

Además, ha remarcado que, en caso de que no se revierta este incremento incluido en el borrador del plan, el Gobierno regional acudirá a la vía judicial, al tiempo que ha reclamado al Miteco descartar los estudios realizados por los técnicos de la CHT para redactar la propuesta y que sea realizada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), de forma que haya una "planificación hidrológica justa".