El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), Carlos Baño, detenido este viernes por un caso de presunta corrupción por unos bonos consumo de los años 2022 y 2023, se encuentra en la comisaría provincial de la Policía Nacional y está previsto que sea interrogado en las próximas horas. EFE - Pablo Miranzo.
El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha quedado en libertad con cargos por los supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad tras haber sido detenido este viernes en relación a irregularidades en unos bonos de consumo de los años 2022 y 2023.
El presidente de la Cámara ha sido arrestado esta mañana en su condición también de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme) y ha estado presente en registros efectuados durante varias horas por la Brigada de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, en un caso que lleva el juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad.
La investigación se centra en la presunta corrupción en la gestión de unos bonos para incentivar el consumo y el comercio local impulsados en 2022 y 2023 por la Diputación de Alicante, que entonces estaba presidida por Carlos Mazón, del PP.
Tras los registros, Baño ha sido trasladado sobre el mediodía a la comisaria provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde ha sido interrogado y, asistido por su abogado Ignacio Gally, se ha acogido a su derecho a no declarar en unas diligencias declaradas secretas.
A las 18.45 horas ha salido por su propio pie y acompañado por su letrado, y se ha limitado a señalar a los periodistas que le esperaban que ha "colaborado con la Justicia, como no puede ser de otra forma". "Como el tema es secreto de sumario no hemos podido hablar de nada", ha indicado.
El abogado ha manifestado, por su parte, que Carlos Baño está "tranquilo y traslada que todo está bien", de modo que van a esperar a que se levante el secreto de las actuaciones para "estudiar la causa".
Gally ha insistido en que desconocen el contenido las pesquisas y que, por lo tanto, "es absurdo declarar" en tanto que no cuenten con más detalles.
Desde hace más de un año, la fiscalía Anticorrupción investiga la gestión de los referidos bonos consumo impulsados por la Diputación en la etapa de Mazón correspondientes a los años 2022 y 2023 a través de la empresa Nexo Retail Alicante SL, propiedad de Facpyme.
Estas ayudas se elevaron en el trienio 2022-2024 a 58 millones de euros para dinamizar el consumo local y rebajar la cesta de la compra a los ciudadanos en un contexto de alta inflación tras la pandemia sanitaria de la Covid-19 y la guerra de Ucrania.
Este bono consumo cubría el 50 por ciento de la compra de productos y los ayuntamientos de la provincia beneficiarios encargaron su gestión a entidades colaboradoras, como fue el caso de Nexo Retail Alicante SL
