Funcionarios de la Conselleria de Justicia descargan la documentación de la causa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tras su traslado desde los juzgados de Benalúa a la Audiencia Provincial de Alicante, en una imagen de ayer. EFE
El sistema de reparto del registro de la Audiencia ha asignado a esta sala el enjuiciamiento de esta causa por supuesta corrupción, que constituye una rama del 'caso Brugal' y comenzó a ser investigada hace una década.
La sección tercera ya confirmó en diciembre de 2016 el archivo d otro procedimiento derivado de Brugal, el relativo al Plan Rabasa, en el que también figuraban como investigados Castedo, Ortiz y varios técnicos municipales, por no apreciar indicios de delito.
Aunque el enjuiciamiento de estos presuntos delitos ya ha sido asignado a la sección tercera, el tribunal encargado de la sentencia aún no está conformado, tal y como han advertido fuentes judiciales.
De hecho, estas fuentes no descartan que algunos de los cuatro magistrados que integran la sala puedan abstenerse si se consideran "contaminados" por haber resuelto recursos con anterioridad sobre este mismo procedimiento.
Si se diera esta situación, el tribunal habría de completarse con magistrados adscritos a las otras tres secciones penales de la Audiencia que tienen su sede en Alicante.
Las diligencias que debe asumir ahora este tribunal proceden del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, abrió juicio oral el pasado febrero contra nueve procesados y fijó para ellos una fianza civil conjunta de 1,3 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción reclama provisionalmente 10 años de prisión para Castedo y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
El ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y reclama para el propio promotor 8 años de prisión.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sostiene que los exalcaldes aceptaron entre 2008 y 2010 diversas dádivas de Ortiz a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento y de facilitarle datos del mismo que eran aún confidenciales.
Junto a los políticos y el empresario se sentarán en el banquillo de los acusados un hermano de Castedo (José Luis), su socio en un bufete de abogados, Javier Gutiérrez, un hermano de Ortiz (Virgilio) y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.
