Presidentes del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante. -EFELa Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), la Cámara de Comercio de Alicante y el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia (INECA) han clamado desde Madrid contra la "discriminación" en inversiones que sufre Alicante en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
En una comparecencia ante los medios de comunicación en la capital española, los presidentes de la CEV, Salvador Navarro; de CEV Alicante, Joaquín Pérez; de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; y de INECA, Nacho Amirola, han reclamado que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 "reviertan" la grave discriminación que sufre Alicante desde hace 15 años.
Han explicado que las inversiones en la provincia alicantina se han ido rediciendo desde los PGE de 2018, cuando alcanzaron un valor de 579,3 millones hasta las cuentas de 2023, donde sólo se recogen actuaciones por 160,8, cuando Alicante tiene un déficit acumulado de 3.539 millones en los cinco últimos ejercicios si se tiene en cuenta las cuantías que deberían llegar acordes a la población.
De esta manera, cada alicantino recibirá el próximo año en inversiones 85,48 euros, 198,24 menos de lo que recibirá de media un ciudadano residente en otra provincia de España.
El presidente de INECA, Nacho Amirola, ha denunciado que "a pesar de aumentar la cuantía de los PGE 2023 en un 3,3 por ciento, la inversión que recibirá la provincia será, si nada lo remedia, de un 12,3 menos que en 2022" lo que se traduce en que "sólo en los últimos tres años ha habido un recorte del 36,8 por ciento".
"Sufrimos una doble infrafinanciación: La primera, con una nimia inversión, y la segunda con la ejecución, ya que se invierte realmente un 42 por ciento de los que se ha presupuestado", ha continuado.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha subrayado que "este Gobierno ha elaborado el peor presupuesto de la historia para la provincia de Alicante y la Generalitat Valenciana es corresponsable, porque no puede consentir que nos lleguen unos presupuestos como estos".
"Ante esta situación no tenemos más remedio que decir 'se acabó' y queremos movilizar a toda la sociedad alicantina, también a los partidos políticos, para expresar nuestro malestar y reclamar lo que nos corresponde", ha defendido Baño, quien ha recordado que Alicante es la quinta provincia que más aporta a la riqueza nacional.
Baño ha insistido en su llamamiento a la "unidad de acción" y ha señalado que "PNV y Bildu suman menos diputados que los que representan a la provincia de Alicante pero influyen más en el Gobierno", ante lo cual ha abogado por "cambiar esa situación y hacer valer nuestro peso económico y poblacional".
"Somos la provincia peor tratada de este país en cuanto a inversión pública estatal" y "esto tiene un alto riesgo de fracción y de desigualdad territorial", ha advertido el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, quien ha exigido durante su intervención "una respuesta urgente de los diputados y senadores que hemos elegido en Alicante" y que el Gobierno estatal "respete el criterio de igualdad entre ciudadanos".
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, se ha referido a la financiación autonómica como "agravante" a la situación que vive la provincia de Alicante y ha reclamado la reforma del modelo de financiación, que "sigue atascada".
En el acto, las tres organizaciones han presentado la página web www.alicantemerecemas.com al objeto de que la sociedad civil se una a esta causa y se sume al manifiesto "En defensa del bienestar social de la ciudadanía de la provincia de Alicante" en el que se argumenta el rechazo al proyecto de ley de PGE por ser "absolutamente contrario a los intereses y al futuro de Alicante".
Junto al manifiesto se han programado una serie de acciones entre las que se encuentra la celebración de una concentración frente a la Subdelegación de Gobierno en Alicante, seguramente el próximo día 27, y se reclamará el cumplimiento de la Ley de Transparencia con respecto a la ejecución de las partidas presupuestarias y la forma en la que se ofrecen los datos.
