Combo de fotografías de archivo de los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP. EFE-Archivo
Ésa es la previsión del órgano instructor, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, según han confirmado hoy a Efe fuentes judiciales, que ha requerido ya los servicios de una empresa de transportes para trasladar la voluminosa documentación.
Todos los tomos de este procedimiento abreviado -que constituye una ramificación del llamado 'caso Brugal' y se sigue por delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de funcionarios públicos, entre otros- han sido embalados ya para su inmediato transporte.
Tras recibirlo, el registro general de la Audiencia Provincial deberá asignar el caso a una de sus cuatro secciones penales con sede en Alicante para que fije la fecha del futuro juicio.
El juez instructor, Manrique Tejada, abrió juicio oral el pasado mes de febrero contra los nueve procesados y fijó para ellos una fianza civil conjunta de 1,3 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción reclama provisionalmente 10 años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.
El ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y reclama para el propio promotor 8 años de prisión.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sostiene que los exalcaldes aceptaron entre 2008 y 2010 diversas dádivas de Ortiz a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento y de facilitarle datos del mismo que eran aún confidenciales.
La acusación pública cifra el importe de esos supuestos regalos en 453.157 euros a favor de Díaz Alperi, tanto por un viaje en jet privado a la isla de Creta como por aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo.
En el caso de Sonia Castedo, la cifra estimada por el fiscal rondaría los 260.000 euros por diversos viajes de ocio, un coche o una chaqueta, entre otras cosas.
Para Anticorrupción, los dos políticos deberían haberse abstenido de todos los expedientes que afectaran al constructor por su amistad con él, pero en cambio se "prevalieron" de sus cargos para vulnerar "sistemáticamente" la confidencialidad de la revisión del PGOU.
Esa supuesta "connivencia" permitió al empresario y a sus empleados "marcar las pautas que más le beneficiasen y minimizar cuanto pudiera perjudicarle", además de adelantarse a la adquisición de terrenos que iban a ser recalificados en un futuro, siempre según la versión acusatoria.
Junto a los políticos y el empresario se sentarán en el banquillo de los acusados un hermano de Castedo (José Luis), su socio en un bufete de abogados, Javier Gutiérrez, un hermano de Ortiz (Virgilio) y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.
