El exalcalde de Orihuela José Manuel Medina, uno de los 34 acusados por supuestas irregularidades en el contrato de la basura de Orihuela, pieza inicial del caso Brugal, llega a los juzgados de Elche para la vista de hoy. EFE
Medina, alcalde entre 1995 y 2007, ha sido el segundo de los 34 encausados en prestar declaración en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, tras el principal enjuiciado, el industrial oriolano Ángel Fenoll, para quien se piden 37 años y 8 meses de prisión.
Tanto Medina como Fenoll han rechazado contestar a la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce el ayuntamiento de Orihuela, y únicamente han hablado a las preguntas de sus letrados para afirmar que son "inocentes".
Fenoll poco más ha dicho en un par de minutos, mientras que el exalcalde Medina ha prestado declaración durante cerca de dos horas para un relato extenso de la situación de las basuras de las últimas décadas.
Sí que ha recordado que la concesión que desencadenó el caso, la dada inicialmente a la empresa Urbaser por parte de la Mesa municipal de Contratación del 21 de marzo de 2006, fue otorgada legal y éticamente ya que se sustentaba en la propuesta del ingeniero municipal.
A partir de su informe, él votó a favor de dar el servicio a Urbaser, así como la entonces concejal de Hacienda y el interventor, mientras que hubo dos votos contrario, los de otro concejal del PP y el secretario.
Finalmente, el procedimiento se paralizó por la aparición de unas grabaciones de vídeo e informaciones en torno a un supuesto soborno en relación a esta licitación, donde se acusaba al exalcalde y resto de participantes en la Mesa municipal de cobrar 600.000 euros por su postura.
Esta situación hizo que el concurso fuera declarado desierto y provocó que el servicio continuara siendo prestado de forma temporal por la mercantil que lo había hecho hasta entonces, Colsur, propiedad del principal acusado, Ángel Fenoll, quien había difundido las grabaciones sobre el presunto cohecho.
Además de Fenoll, Anticorrupción pide 12 años de prisión para Medina y otros 8 para su sucesora al frente de la alcaldía, la también popular Mónica Lorente.
Medina, que ha negado haber pedido dinero a empresas por las basuras o haber sido objeto de supuestos chantajes, ha señalado que la Mesa de Contratación estaba formada por políticos pero ha precisado que su participación era "prácticamente nula" ya que basaban sus decisiones en los informes de los técnicos municipales.
Tras el interrogatorio de Fenoll y Medina, esta tarde y en las jornadas de mañana y pasado será el turno de otros de los acusados.
La declaraciones se han producido en la reanudación de la vista oral después de un parón de varias semanas, en las que se han sustanciado las cuestiones previas planteadas por las partes.
En uno de los autos sobre las mismas, la sala decretó nulas parte de las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos algunos de los 34 investigados, concretamente a partir de 2008.
Precisamente sobre este último asunto, Anticorrupción había pedido al comienzo de la sesión un nuevo aplazamiento de una semana para estudiar el alcance de las anulaciones, aunque la sala lo ha denegado por falta de argumentación "de peso" y porque no ve causa legal de suspensión.
Además de las declaraciones de los acusados, durante el presente mayo se prevé que se practiquen las pruebas, dentro de un juicio que se prolongará hasta finales de año.
De los 34 enjuiciados, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los referidos Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal. Según Anticorrupción, Fenoll destapó el caso al creer que no se le iba a renovar el contrato de basuras de Orihuela.
A este empresario se le atribuye una presunta trama mafiosa con la que trató de extorsionar a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad" a favor de su mercantil.
Este presunto amaño en la contrata de la recogida de residuos de Orihuela fue el origen del 'caso Brugal', que afectó a toda la provincia y que se desgajó en 17 piezas separadas instruidas por diferentes juzgados alicantinos.
Entre ellas, las relativas al PGOU de Alicante, con los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz como investigados, y el plan zonal de residuos de la Vega Baja, con el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll encausado.
