El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. EFE- Morell-Archivo
La Diputación Provincial de Alicante pedirá mañana al Tribunal Supremo (TS) la suspensión cautelar del aumento del caudal ecológico del Tajo (de 6 a 7 metros cúbicos por segundo), por los daños irreparables e inmediatos sobre la economía y el medioambiente del sur de la Comunitat Valenciana.
El presidente de la institución provincial alicantina, el popular Carlos Mazón, ha informado este lunes de que la Diputación interpondrá mañana martes, 4 de abril, el recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Real Decreto del Gobierno central por el que se aprueba el Plan del Tajo, donde solicitará la medida cautelar de suspensión del aumento del caudal ecológico.
Mazón ha señalado que, a diferencia del recurso de la Generalitat que sí acepta esta primera subida a 7 metros cúbicos por segundo, la Diputación de Alicante "defiende que, desde el primer momento, la decisión arbitraria del Gobierno de subir un metro cúbico el caudal ecológico está generando ya un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico para nuestro territorio".
Junto a la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y el director del Instituto Universitario del Agua, Andrés Molina, ha explicado que el recurso se acompaña de diferentes informes técnicos y académicos realizados por expertos sobre las consecuencias que la nueva planificación del Tajo tendrá sobre la cuenca del Segura, ya que solo esta primera elevación de un metro cúbico por segundo provoca una merma de 28 hectómetros cúbicos de agua disponibles.
"Este primer hachazo al trasvase Tajo-Segura supone, solo en la provincia de Alicante, una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros, unido a la destrucción de más de 2.400 puestos de trabajo en todos los sectores", ha alertado Mazón, quien ha advertido además de la destrucción de suelos, el avance de la desertificación y la disminución de caudales circulantes en el río Segura que la medida va a acarrear.
Los servicios jurídicos de la institución provincial argumentan también en su solicitud de medida cautelar la falta de justificación técnica que avale la decisión de aumentar los caudales y alegan que no se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica que pruebe que el incremento de un metro cúbico por segundo en el tramo de Bolarque hasta la confluencia con el Jarama.
Ni tampoco que los siguientes incrementos vayan a suponer un cambio significativo y una mejora sobre la calidad del agua o el estado ecológico de la cuenca cedente "mientras que, sin embargo, los perjuicios en la cuenca del Segura serán extremadamente graves".
Asimismo, el contencioso-administrativo advierte del coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalinizada, lo que se traducirá también en un aumento de las tarifas del agua, no solo para riego, sino también para el abastecimiento urbano.
Al mismo tiempo, se pone sobre la mesa que los daños ocasionados por el recorte del trasvase Tajo-Segura no podrán compensarse con subvenciones y que la intención del Gobierno central de aumentar las infraestructuras y la capacidad de las desalinizadoras conllevará una tramitación administrativa que se alargará incluso años.
Mazón ha apuntado en su comparecencia que el rechazo del president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, a la oferta de la Diputación de coordinar la defensa jurídica del trasvase, como sí se ha hecho desde la institución provincial con la Región de Murcia y Almería, "puede condicionar negativamente" la decisión de Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar, ya que la Generalitat avala con su recurso la primera subida del caudal y solo solicita la suspensión para un incremento que debe entrar en vigor en 2026.
De esta manera, ha insistido en que "no tiene ningún sentido solicitar la suspensión cautelar de algo que tiene que pasar dentro de tres años como está haciendo la Generalitat, y no tiene tampoco ningún sentido que en su recurso se avale el aumento del caudal ecológico a 7 metros cúbicos cuando hay informes que demuestran que los daños son irreparables ya con esta primera subida, como está ocurriendo".
"Esto supone una rendición a plazos de Puig, un engaño más en ese teatrillo que ha montado con sus compañeros del PSOE que nos puede llevar, desgraciadamente, a una resolución por parte del Tribunal Supremo contraria a los intereses de la provincia de Alicante", según Mazón, quien ha agregado que eso "sería imperdonable".
