Los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi (i) y Sonia Castedo. EFE-Archivo
Además del promotor y los exalcaldes populares, en el juicio se sentarán en el banquillo de los acusados los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), un hermano de Ortiz (Virgilio) y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.
Los magistrados de la Sección Tercera a los que inicialmente había sido turnada la celebración del juicio presentaron un escrito de abstención, el pasado enero, al considerar que podían quedar invalidados frente a posibles impugnaciones por una supuesta "contaminación previa".
Esto es así porque durante la instrucción de la causa habían resuelto algunos recursos presentados por las defensas, lo que hizo que conocieran parte de la causa y que, por lo tanto, tomaran decisiones sobre los hechos en favor de la continuidad del proceso.
El tribunal que debía decidir sobre esa solicitud de abstención aceptó los argumentos de los magistrados con el fin de evitar que la futura sentencia pudiese quedar anulada y dio paso a la elección de un nuevo tribunal.
Ahora, según fuentes judiciales consultadas por Efe, el nuevo tribunal encargado de enjuiciar el caso estará compuesto por las magistradas Montserrat Navarro (que ejercerá como ponente), Cristina Escoda y Margarita Esquivá.
Su designación se ha decidido por turno de reparto y, según las mismas fuentes, las magistradas disponen de la opción de presentar un escrito de abstención, en el caso de que consideren que existen causas para hacerlo.
En todo caso, la celebración del juicio se continuará organizando administrativamente desde la Sección Tercera y el nuevo tribunal debe concretar aún la fecha de la vista oral.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 10 años de prisión para Castedo y Díaz Alperi como presuntos responsables de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Para Ortiz, el acusador público pide una pena de 8 años de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
