La unidad de delitos tecnológicos ha rastreado los movimientos de dinero por varios países europeos.La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva y que invertía el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para poder así blanquearlo sin dejar rastro.
A los miembros de la banda, que empleaban el método conocido como "phishing", en su modalidad de "smishing", se le atribuye la estafa de 600.000 euros a un total de 106 perjudicados de una misma entidad bancaria en España, según la Guardia Civil.
En el marco de la denominada operación "Chrimata" se ha podido identificar un complejo entramado criminal compuesto por 90 personas de nacionalidades letona, rusa, checa, kazaja, bielorrusa, francesa, alemana, camerunense y ucraniana.
En España se ha detenido a ocho personas, de entre 40 y 59 años y de nacionalidades española, rumana y ucraniana, en las localidades de Málaga, Sevilla, Murcia, A Coruña, Zaragoza, Girona, València y Elche (Alicante). Además, y se han bloqueado y puesto a disposición judicial un total de 25 cuentas bancarias.
Los detenidos han sido acusados de los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos de identidad, blanqueo de capitales y constitución de organización criminal.
Además, se ha solicitado a la autoridad judicial 43 órdenes internacionales de detención correspondientes a los principales integrantes del grupo, según las fuentes.
La operación se inició en el mes de abril de 2020, después de que los autores realizaran, durante tres días consecutivos, un ataque masivo a un gran número de clientes de una entidad bancaria española, mediante "smishing", a los teléfonos móviles de los perjudicados.
La banda recababa los datos necesarios para acceder a las cuentas de los perjudicados enviando un mensaje de texto a las víctimas haciéndose pasar por su banco.
Una vez que los perjudicados picaban, los autores se hacían con el control de sus cuentas desde la plataforma virtual de la entidad, y modificaban la forma de acceso.
Tras tener el control de las cuentas, hacían transferencias masivas de unos 5.000 euros cada una, desde las de los perjudicados a cuentas de personas utilizadas como mulas, dadas de alta en empresas financieras en línea.
Estas personas, conocidos como mulas del dinero, transfieren dinero de origen ilegal recibido en su cuenta, y a cambio les dan una comisión.
Los investigadores localizaron hasta 28 de estas mulas, comprobando que por sus cuentas pasaron 462.000 euros
del total del dinero estafado a los perjudicados.
Los 128.000 euros restantes fueron estafados por análoga metodología y medios, a distintos comercios en París (Francia).
Tras transferir el dinero a las cuentas de las mulas, lo invertían en la adquisición de monedas virtuales o criptomonedas, consiguiendo así, además de blanquear el dinero negro, eludir el rastreo por parte de los investigadores.
Según las fuentes, la principal característica de la criptomoneda es que los datos de origen y destino están cifrados, haciendo muy difícil su seguimiento.
Una vez adquiridas las monedas virtuales, eran transferidas a cuentas de miembros de los principales miembros de la banda, que lograban así permanecer en el anonimato.
El uso de medios digitales facilitaba a los delincuentes operar desde o hacia cualquier punto geográfico, característica que supone un añadido al trabajo de investigación policial.
Las diligencias, que fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante, han sido traspasadas a la Audiencia Nacional.
La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Área de investigación del Puesto de la Guardia Civil de San Juan (Alicante), que han contado con la colaboración de agentes de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid.
También de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Girona, Málaga, Sevilla, Zaragoza y A Coruña, así como de miembros de Interpol, de Europol y de distintos cuerpos policiales de Letonia, Rusia, Francia, Kazajistán, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Liechtenstein, Camerún, República Checa, Ucrania, Polonia, Bielorrusia y Reino Unido.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
