Operativo/EPDAAgentes de la Policía
Nacional y Policía Local
de Alicante, en el marco de una macro operación contra las empresas y talleres
ilegales instaladas en las zonas rurales de Alicante, que ha sido impulsada por
la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana, han
coordinado un nuevo operativo conjunto llevado a cabo el pasado viernes 19 de
noviembre, en el que se inspeccionaron dos empresas y un taller situados en la
partida de El Bacarot, contándose con la colaboración de la Inspección
Provincial de Trabajo y Medio Ambiente.
La investigación policial comenzó por el
conocimiento meses atrás, a través de la Unidad Adscrita de Policía Nacional a
la Generalitat Valenciana, de la existencia de empresas y talleres ubicados en
distintas zonas de las partidas rurales de Alicante donde estaban realizando su
actividad de forma presuntamente fraudulenta, por lo que se dispuso desde la
coordinación entre las unidades policiales y administrativas con competencia en
la materia para intervenir en la ilícita actividad detectada, organizándose un
amplio dispositivo para comprobar los hechos.
Así las cosas, durante el mes pasado se llevó
a cabo un fuerte operativo, donde se intervino en cuatro talleres ilegales y un
desguace. Al hilo de este operativo, las posteriores investigaciones policiales,
revelaron la localización de nuevas ubicaciones de naves y talleres ubicados en
las zonas rurales más apartadas del núcleo de la ciudad. Estos establecimientos,
destinados a llevar a cabo trabajos con vehículos y desguaces, se detectó que
podrían estar desarrollando su actividad incumpliendo toda normativa requerida.
Por todo ello, ante tales sospechas, se
dispuso un nuevo operativo coordinado con el resto de unidades policiales y
administrativas para la explotación de la operación, donde además se contó con el
apoyo de las dos unidades de Medios Aéreos de la Policía Nacional y la Policía
Local de Alicante.
A través de los registros realizados en las
dos empresas y el taller investigados, se descubrió que, además de carecer de
la necesaria licencia de aperturas, no tenían registro industrial, sumado a que
tampoco tenían suscrito ningún seguro de
responsabilidad civil y de medidas contra incendios, lo que certificó las
sospechas policiales.
Por otro lado, al igual que la vez anterior,
la inspección llevada a cabo también reveló que no había gestión de residuos,
motivo por el cual también se procedió a su sanción por parte de la Inspección
de Medio Ambiente que colaboró en el operativo, dado el grave impacto
medioambiental que producen tales residuos en los lugares donde están ubicados.
Así pues, se logró desmantelar y paralizar la
actividad ilícita de dos empresas y un taller, sancionados administrativamente,
saldándose el cómputo de esta nueva operación con 28 vehículos inspeccionados
que fueron investigados y la incautación de 250 gramos de marihuana. Del mismo
modo, se identificaron a once personas relacionadas con la ilícita actividad,
nueve de las cuales se encontraban trabajando sin contrato y que resultaron
denunciados por la Inspección Provincial de Trabajo, además de procederse a la
detención de una persona por estancia irregular.
Con estos ya son ocho los talleres y empresas
ilegales detectados y desmantelados en este mes por la Policía en las partidas
rurales de Alicante.
Esta es la segunda operación de estas
características desarrollada en Alicante recientemente, donde, junto a las Brigadas
de la Policía Nacional de Extranjería y
Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante (UCRIF II y Tráfico
Ilícito de Vehículos) participaron las unidades policiales de la administración
Local y Autonómica con ámbito competencial en la materia, tales como; las, la Unidad
de Medio Ambiente y el Grupo de Respuesta de la Unidad Adscrita de Policía
Nacional a la Generalitat Valenciana, la Unidad de Partidas Rurales de la
Policía Local de Alicante, contándose con el apoyo de los servicios de medios
aéreos de los que disponen estos dos últimos cuerpos policiales. Junto a las
unidades policiales, también participaron en la operación, la Inspección de
Trabajo Provincial y la Inspección de Medio Ambiente, competentes para llevar a
cabo las sanciones administrativas correspondientes en sus respectivos ámbitos.
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