Condenado a dos años de prisión un trabajador de un armería de Ondara por almacenar armas de guerra

La Fiscalía solicitaba inicialmente para el encausado una pena total de 16 años de cárcel por el citado delito de depósito de armas, además de otro de tenencia de explosivos

REDACCIÓN - 19/12/2023

El acusado ha reconocido la tenencia de esas armas /EPDA

Un hombre de 70 años, trabajador de una armería de Ondara, ha asumido este martes una condena de dos años de prisión por un delito de depósito de armas y municiones de guerra, después de que se le interviniesen en un registro de su taller ocho fusiles o subfusiles, una pistola, una escopeta, varios accesorios y más 17.700 cartuchos de diferentes calibres.

En esa intervención, desarrollada en abril de 2015, también se hallaron armas susceptibles de ser rehabilitadas, como dos pistolas ametralladoras, un subfusil y un fusil de asalto tipo Kalashnikov.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para el encausado una pena total de 16 años de cárcel por el citado delito de depósito de armas, además de otro de tenencia de explosivos.

No obstante, en el juicio celebrado este martes ante un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, ha modificado el escrito de acusación para retirar la atribución del delito de tenencia de explosivos tras concluir que el procesado sí disponía de permiso para manejar ese material.

En esa reconsideración de la calificación de los hechos, también ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, toda vez que habían transcurrido ocho años desde que se produjese el hallazgo de las armas. Desde ese momento, la armería quedó clausurada y el acusado quedó desprovisto de sus licencias de uso.

De igual modo, el Ministerio Público ha estimado que en el desarrollo de la investigación no había quedado constancia de que el procesado se dedicase a la venta de esas armas y que solo las adquiría con la intención de repararlas y coleccionarlas por su afición a su cuidado.

El acusado ha reconocido la tenencia de esas armas y se ha allanado ante la nueva calificación planteada por la Fiscalía, que conlleva la suspensión de la pena de privación de libertad, siempre que abonase una multa de 10.000 euros. Así, se ha dictado sentencia condenatoria ‘in voce’, sin necesidad de que resultase necesaria la continuidad del juicio.

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