Vista general de la Serra Gelada. EFE-Morell
El rechazo del Tribunal Constitucional a admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Benidorm contra la sentencia que lo condena a pagar más de 350 millones de euros a los propietarios del suelo no urbanizado del parque natural de Serra Gelada ha provocado un duro cruce de acusaciones entre el gobierno local, del PP, y el PSOE, con peticiones de dimisión incluidas.
La portavoz del gobierno municipal, Lourdes Caselles, ha respondido a la solicitud socialista de dimisión del alcalde, Toni Pérez, al señalar que, de acuerdo con los argumentos del PSOE, quien debería dimitir es la portavoz socialista, Cristina Escoda, por "no haberse opuesto nunca a las decisiones adoptadas por el consistorio en este procedimiento judicial".
Caselles sostiene que todos los recursos y actuaciones legales emprendidos por la corporación local fueron avalados en la Junta de Portavoces, de la que forma parte Escoda, y ha asegurado que el PSOE "jamás" planteó una vía procesal alternativa, ni se opuso a las directrices marcadas por los servicios jurídicos municipales, por lo que ha acusado a la formación socialista de ""engañar al pueblo de Benidorm".
Ha asegurado que el PP no ha cambiado de postura respecto a Serra Gelada y ha recordado que, tras la declaración del parque natural en 2005, su partido no volvió a renovar los convenios urbanísticos firmados en 2003, atribuyendo al PSOE la responsabilidad de haberlos renovado en 2010 y 2013, pese a las dudas jurídicas existentes sobre su validez.
Desde el PSOE, el portavoz adjunto municipal, Sergi Castillo, ha replicado exigiendo a Caselles que explique el "cambio de hoja de ruta" impulsado por Toni Pérez desde que accedió a la Alcaldía en 2015, una decisión que, a su juicio, ha llevado a Benidorm a una "quiebra técnica" con una sentencia "inasumible" para varias generaciones.
Castillo ha asegurado que fue el PP quien firmó los convenios en 2003 y los defendió durante años para evitar una indemnización millonaria, y ha acusado al actual gobierno local de imponer una estrategia distinta sin buscar el interés general, además de rechazar las afirmaciones sobre las juntas de portavoces, que ha definido como un órgano consultivo en el que, según ha dicho, "no se vota nada".
El concejal socialista ha expuesto que, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia en mayo de 2024, su grupo abogó por explorar un acercamiento con los propietarios de los terrenos para mitigar el impacto económico de la condena.
A este respecto Caselles ha asegurado que, durante la tramitación de la sentencia, el alcalde ofreció al PSOE la posibilidad de liderar una negociación con los propietarios de los terrenos afectados, pero que los socialistas rechazaron participar.
Según Caselles, esto demuestra que el PP "no puede ser responsabilizado de la falta de acuerdo" y que la "negativa" del PSOE "impidió mitigar el impacto económico de la sentencia".
La portavoz popular ha reiterado que "si ahora piden dimisiones, que las presenten ellos", y ha defendido que el PP ha actuado siempre siguiendo las directrices de los servicios jurídicos municipales.
El choque político se mantiene abierto tras la decisión del Constitucional, con ambas formaciones acusándose de falta de transparencia y de haber adoptado decisiones que perjudican al interés general.
