La fiscalía y la acusación particular piden respectivamente 2 años y 3 meses y 15 años de cárcel para la pareja propietaria de seis perros peligrosos que atacaron y causaron la muerte de un hombre de 74 años en octubre de 2016 a las afueras de Pinoso.
El varón J.D.P.M. y la mujer S.G.A., dueños de los perros cruce American Stanford y Boxer, se sientan en el banquillo a partir de las 9.30 horas de mañana, lunes, en el juzgado de Lo Penal número 7 de Alicante acusados de incumplir las normas de seguridad al no llevar bozal, no evitar que los animales salieran solos a la calle y, además, carecer de licencia para tener ese tipo de razas.
El miércoles 26 de octubre de 2016 los seis perros catalogados como razas potencialmente peligrosas salieron de su finca en la pedanía El Faldar y atacaron con gran violencia a José S.P., que en ese momento estaba con su esposa.
Por unos segundos, ésta última pudo refugiarse en su casa (colindante) pero no así su marido, que fue embestido y sufrió mordeduras por todo el cuerpo que le dejaron numerosas heridas que le causaron la muerte unos días después en el hospital de Elda, dejando viuda y tres hijas.
La familia reflejará en el juicio que los perros habían protagonizado varios incidentes con heridos en las semanas previas a la agresión mortal y que, "pese a la peligrosidad mostrada" y las advertencias que recibieron los dueños, éstos incumplieron "las más elementales normas" para evitar lo que luego sucedió.
Por ejemplo, paseaban a los perros "sueltos y sin bozal" y además no arreglaron la valla de su finca aunque se les había avisado de que los animales se escapaban al exterior, según la calificación de la acusación ejercida por los allegados de José S.P, a la que ha accedido EFE.
Solo después del ataque que acabó con la vida de la víctima, los dueños levantaron un murete en el perímetro de su finca para evitar que los perros pudieran salir nuevamente por su cuenta.
Los dos acusados se habían mudado pocos meses antes del suceso a esa finca de Pinoso junto a la casa de José S.P., y desde el principio los animales exhibieron "fiereza y peligrosidad" sin que los dueños quisieran adoptar "las medidas de precaución exigibles".
Entre los episodios violentos que alega la acusación, una en septiembre de 2016 a una vecina familiar del acusado, quien se refugió en su coche ante el inminente ataque de los perros sueltos, y otra el 18 de octubre a la pareja de ésta última (un hombre que vive cerca y que tuvo que ser atendido en el centro de salud), mientras que también en septiembre los perros se pelearon entre sí y uno fue asistido de mordeduras por un veterinario.
Por su parte, la fiscalía rebaja la petición de cárcel a dos años y tres meses al apreciar un supuesto homicidio por imprudencia grave por el incumplimiento de las mínimas normas de seguridad y crear un peligro real paseando a los animales sin atar ni bozal.
Además de las penas de prisión, la acusación pide que la pareja indemnice con 150.000 euros a la viuda y con 20.400 a cada una de las tres hijas, así como con 10.449,37 a la conselleria de Sanidad por los gastos médicos recibidos por José S.P. antes de morir, cifras que el fiscal sitúa en 120.000 y 20.000 euros.
En paralelo, la familia demanda que el ayuntamiento de Pinoso y la aseguradora Caser asuman la responsabilidad civil, en el primero de los casos porque la policía local tuvo conocimiento de que los perros habían causado heridas por mordedura al vecino familiar una semana antes de los hechos, el 18 de octubre, sin hacer "nada" por evitar que se repitiera, y a Caser por una póliza con cobertura de daños de animales domésticos propiedad de los asegurados.