Carles Mulet-EPDAEl senador y portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha arremetido hoy contra el Gobierno por haber dado por concluida la tramitación de la Proposición de Ley impulsada por la coalición para dar cumplimiento a la sentencia europea y directiva sobre trabajo temporal que ha condenado a España por abusar de los interinos "sin que proceda su toma en consideración, al haber manifestado el Gobierno su disconformidad en plazo". El plazo para presentar alternativas a la Proposición de Ley finalizaba el día 15 de este mes y pretendía debatir soluciones para los cientos de miles de trabajadores afectados por esta situación que hay en nuestro país. El Gobierno ha entrado a valorar que el impacto económico que tendría la medida en el conjunto de las cuentas públicas de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que considera que la aprobación de la proposición de ley de referencia es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor un aumento de los créditos presupuestarios de, al menos, 1.800.000 euros. Una valoración que no viene avalada por ningún informe. "Si este es el coste de regularizar el entuerto, que lo hagan ya, porque están demostrando su falta de sensibilidad", ha añadido.Para Mulet "esta salida es claramente un veto político a una solución de un problema que el Gobierno no quiere ver ni afrontar. Ni lo hizo la anterior ministra Carolina Darias ni parece esté por la labor Miquel Iceta y es una burla hacia los miles de trabajadores del sector público y los derechos de los senadores, ya que tal excusa no se sostiene, pues se trata de plazas ocupadas que, además, lo han estado en los últimos años y de distintas administraciones públicas, de forma que en el caso que tuviera algún impacto, sería calderilla que no justifica bloquear una situación legal como la que proponía Compromís para dotar de un marco general con el que afrontar la situación que sufren los trabajadores públicos y nuestra administración", ha indicado.La coalición lamenta que el Gobierno se esté inventando un problema con el que tapar otro y bloquear la iniciativa democrática de una formación que pretende aportar su grano de arena para encontrar soluciones y da por rota la cortesía parlamentaria hacia el Ejecutivo ante su incumplimiento reiterado de plazos y "la prepotencia que está demostrando con argumentos pueriles, no recibir el ministro a los afectados, no comparecer por esta cuestión en el Senado, ni contestar las cartas de petición de reuniones enviadas".El senador valencianista ha añadido que "a pesar de este Gobierno, vamos a continuar, recurriremos este veto político, reformularemos la propuesta si es necesario y vamos a seguir actuando de una forma constructiva ante esta cuestión". Hoy mismo Compromís ha propuesto la comparecencia ante la Comisión de Función Pública de la que forma parte Carles Mulet de José María Goerlinch Peset y Remedios Roqueta Buj, Profesores del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de València Estudio General (Catedráticos) para aportar su opinión de cara a aprobar una norma legal sobre la base de la jurisprudencia del TJUE, posibilitando un proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal basado excepcionalmente en el acceso mediante concurso de méritos al que se refiere el art. 61.6 del EBEP. Dichos Catedráticos han elaborado un dictamen donde se plasma la viabilidad de la Proposición de Ley a la que se ha opuesto el Ejecutivo.La iniciativa parlamentaria de referencia propone realizar una convocatoria extraordinaria por una única y sola vez, para consolidar al personal interino o temporal que se encuentre trabajando durante más de tres años ininterrumpidos en la misma plaza de la Administración, mediante Concurso de Méritos del artículo 61.6 del EBEP, proceso excepcional en el que únicamente participaría el personal que se encuentre ocupando los puestos objeto de la convocatoria. Por otro lado, proponía que el personal afectado se quedara en sus plazas con la calificación de 'a extinguir', lo que daría una estabilidad a su situación y permitiría cumplir con las obligaciones de la sentencia europea y estabilizar a los afectados abusados hasta su jubilación.
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