La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y la Dirección General del Sector Público y Patrimonio han hecho efectiva este viernes, con la firma de las escrituras ante notario, la compra del Palacio de Justicia del municipio alicantino de Ibi por un valor de 2.052.441 euros, IVA incluido.
Con este trámite, se formaliza la compra del inmueble al Ayuntamiento de Ibi. La Generalitat ha cumplido con las obligaciones derivadas de la propuesta de adenda de 2012, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El precio de la compraventa asciende a 2.052.441 euros (IVA incluido) y ha sido abonado con las cantidades pagadas durante el periodo de arrendamiento 2012-2020. La última cuota correspondiente al ejercicio de 2020, se liquidará por un importe de 577.370 euros IVA incluido.
La Conselleria de Justicia ha cerrado asà un conflicto que duraba desde 2006, creado por los anteriores responsables de la Conselleria. Gracias al pago riguroso de las anualidades se ha permitido realizar la adquisición directa de la sede judicial alicantina sin ningún otro contratiempo y como estaba estipulado en el convenio formalizado hace 14 años.
Además, permite al Gobierno valenciano pasar a ser el propietario del Palacio de Justicia, un edifico capaz de responder a las necesidades del municipio de Ibi.
En julio de 2006, la Generalitat y el Ayuntamiento de Ibi suscribieron un convenio de colaboración en virtud del cual el municipio corrió con los gastos de edificación del Palacio de Justicia. Una vez puesto el inmueble a disposición de la Conselleria de Justicia, una adenda fijó la contraprestación correspondiente.
El edificio fue entregado en 2009, pero el entonces Gobierno de la Generalitat incumplió su parte del acuerdo, no firmó el documento pendiente y rechazó pagar cantidad alguna por el uso del inmueble. En 2012, el entonces director general de Justicia remitió al Ayuntamiento de Ibi una propuesta de arrendamiento con opción a compra que fue aceptada por la corporación municipal. Sin embargo, la Conselleria tampoco cumplió y siguió sin abonar cantidad alguna por el uso del edificio.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana condenó a la Conselleria a cumplir aquella propuesta de arrendamiento con opción a compra y abonar la inversión al Ayuntamiento de Ibi.
El actual Consell reactivó en 2016 el expediente de opción a compra de la sede judicial, derivado del Convenio formalizado en julio de 2006 para llevar a cabo esta adquisición que ahora se hace realidad.
