Foto archivo EFE El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha rebajado la condena de 9 a 4 años y medio de inhabilitación para el desempeño de cargo público impuesta al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por el despido irregular de una funcionaria interina, cuñada del actual alcalde, Luis Barcala (PP).
En una sentencia fechada el pasado dÃa 17, el TSJCV estima parcialmente el recurso interpuesto por Echávarri y rebaja la pena impuesta por la Audiencia de Alicante a cuatro años y seis meses.
La resolución acepta como "atenuante muy calificada" el hecho de que Echávarri ordenase la readmisión de la trabajadora pocos dÃas después de que se produjese su cese, lo que habrÃa minimizado el perjuicio ocasionado.
"Debe apreciarse la circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada, dado que el culpable procedió a reparar el daño ocasionado a la vÃctima con anterioridad a la celebración del juicio oral", apunta el fallo.
La sentencia inicial, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia en febrero pasado, consideraba a Echávarri culpable de un delito de prevaricación por el despido irregular de dicha empleada municipal, adscrita a la ConcejalÃa de Cultura, acordado en abril de 2017.
El fallo consideraba que el despido se ordenó como represalia frente al actual alcalde, cuando todavÃa ejercÃa como lÃder de la oposición, después de que éste presentase una denuncia contra Echávarri por un supuesto fraccionamiento de contratos en la ConcejalÃa de Comercio, cuando el socialista asumÃa sus competencias.
Echávarri acabó siendo procesado a instancias de esa denuncia y fue condenado por la Audiencia a 8 años de inhabilitación. El exalcalde recurrió ante el TSJCV, que desestimó la apelación y acabó elevando la pena a 12 años tras corregir un error en la aplicación del tipo delictivo.
Ahora, tras analizar el recurso de Echávarri sobre el despido de la cuñada de Barcala, el TSJCV confirma que en el cese existió prevaricación, pese a que se alegase que las funciones para las que dicha trabajadora ya no eran necesarias y que, por tanto, existÃa causa para acordar su destitución.
Según el TSJ, "es claro que el acusado ha tratado de crear una apariencia de legitimidad en su decisión apoyándose en varios aspectos legales que ha tratado de coordinar para asà dar una sensación de verosimilitud o de ajustamiento al ordenamiento jurÃdico, quedándose en realidad en el plano de la mera legalidad formal que no logra sobrepasar el filtro de su legitimidad o justicia material".
AsÃ, el alto tribunal corrobora que el despido fue consecuencia directa de la interposición de la denuncia de Barcala sobre el fraccionamiento de contratos: "La decisión de cesar a la funcionaria interina de referencia, que es cuñada de (entonces) uno de los máximos responsables del partido de la oposición, se produce como una reacción fulminante del acusado, tras haber sido denunciado por la comisión de un delito de prevaricación".
Y añade: "No es posible desvincular en el tiempo ese cese y la previa denuncia por prevaricación, ya que la denuncia se interpuso el dÃa 18 de abril de 2017 y el decreto de cese es de fecha 20 de abril de 2017, lo que permite afirmar que el cese es consecuencia de aquella denuncia".
La readmisión de la cuñada de Barcala se produjo dÃas después de que el pleno de la corporación aprobase una resolución en la que conminaba a Echávarri a readmitirla y a iniciar un expediente para estudiar la regularización del conjunto de los trabajadores que se encontrasen en su misma situación laboral.
En concreto, según la sentencia del TSJCV, la reparación del daño con la readmisión de la funcionaria "se hizo con rapidez, ya que, estando datado el decreto de cese al dÃa 20 de abril de 2017, esta resolución fue revocada por otra posterior de 2 de mayo de 2017, cuya causa puede hallarse en la declaración institucional ya referenciada de 26 de abril de 2017, en la que se requirió al alcalde para que revocase esa medida, lo que asà hizo a los pocos dÃas, tras haber reflexionado sobre la magnitud de su conducta".
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