La Guardia Civil de Alicante ha intervenido durante el mes de junio una tonelada de pescado ilegal en varios establecimientos de comercio y hostelerÃa de la provincia de Valencia, una infracción que conlleva sanciones de entre 601 y 30.000 euros.
Los productos pesceros, frescos y congelados, que estaban destinados a su comercialización, ha sido intervenidos en varias inspecciones realizadas en distintos locales de Alicante capital, Altea y Elche, y han sido retirados por no cumplir los requisitos establecidos, según un comunicado de la Guardia Civil.
Durante el mes de junio, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Alicante ha realizado numerosas inspecciones en distintos establecimientos de comercio y hostelerÃa dedicados a la venta de pescado, con la finalidad de garantizar la calidad de la mercancÃa a los consumidores, asà como proteger tanto el medio natural como la supervivencia de las distintas especies.
Las inspecciones, en esta ocasión, se han llevado a cabo en Alicante capital, Altea, Elche, Santa Pola y Teulada. En algunas de estas comprobaciones, los agentes detectaron diversas infracciones.
Entre ellas, la localización de dos establecimientos de almacenamiento, distribución y transformación de productos pesqueros que carecÃan de autorización ni registro sanitario para desarrollar la actividad.
Incluso en uno de estos establecimientos, la autorización habÃa sido suspendida por la autoridad sanitaria por haber dejado de reunir los requisitos preceptivos de calidad sanitaria.
En cuanto a los establecimientos de hostelerÃa, en dos de los inspeccionados, los agentes detectaron en el almacenamiento de los productos alimenticios la carencia de etiquetado o cualquier otra trazabilidad con la que poder determinar su origen y condiciones para el consumo.
Ha sido intervenida más de una tonelada de productos, tanto frescos como congelados, de atún rojo, musola, pulpo, calamar, sardina, quisquilla, y langostino. El producto aprovechable, se ha entregado a centros benéficos para su consumo, tras pasar los pertinentes controles de calidad, y el resto ha sido destruido.
Los infractores, los responsables de dos almacenes de Alicante y Altea, y dos restaurantes de Elche, han sido denunciados, según las fuentes, que indican que las infracciones observadas están clasificadas como graves, por lo que conllevan posibles sanciones de entre 601 a 30.000 euros.
Los Expedientes instruidos han sido remitidos a la ConsellerÃa de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del pescado intervenido y, en su caso, a la ConsellerÃa de Sanidad y Salud Pública.
Estas inspecciones se llevan a cabo en el marco del Plan Anual de Control e Inspección de las Actividades Pesqueras (PACIAP). Los agentes de la Guardia Civil las realizan de forma periódica y tienen como finalidad el control de los productos de la pesca para un aprovechamiento sostenible.
Estos controles determinan la legalidad del origen y las condiciones sanitarias de los distintos productos destinados al consumo, señalan las fuentes, que indican que los productos perecederos, entre otros controles, se someten a una estricta vigilancia de la cadena de frÃo, para evitar su deterioro.