Vista de Benidorm. -EPDAConmoción en Benidorm después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya condenado al ayuntamiento a indemnizar con 283 millones de euros a una conocida familia por unos terrenos que eran 1962 eran urbanizables, pero que fueron expropiados por encontrarse en medio del paraje protegido de Serra Gelada.
La cuantía marcada por la sentencia, que era la que había pedido la familia Murcia-Puchades, es más del doble del presupuesto total del ayuntamiento de Benidorm que este 2024 asciende a 141,6 millones de euros. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha llamado a la calma ya que la sentencia no es firme, y además aún ha de ser estudiada por los servicios jurídicos del consistorio.
Dentro de los puntos a los que puede acogerse la defensa del ayuntamiento es la desproporción en la cantidad fijada por la sentencia y la fijada en casos similares. De hecho, en 2022 la justicia había cifrado el daño que debía ser restaurado en "tan sólo" 683.000 euros, pero la sentencia fue recurrida y llevada hasta el TSJCV por las dos empresas urbanísticas de la familia.
Inicialmente la familia y el ayuntamiento estaban en sintonía. Los terrenos iban a pasar a ser públicos y el ayuntamiento debería dar aprovechamiento en otras zonas a los afectados a través de convenios que se firmaron en el año 2003 y se renovaron al menos en dos ocasiones. Pero el Consell Jurídic Consultiu emitió un informe vinculante en el que se consideraba que los convenios habían sobreestimado el valor de terrenos. Concretamente el Consell aseguró que se había atribuido a los propietarios"unos derechos urbanísticos o aprovechamientos que no habían adquirido, dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Con este informe el ayuntamiento procedió a declarar nulos los citados acuerdos, llevando a la familia a recrudecer su ofensiva legal que hoy ha conseguido una gran victoria que pone en jaque al ayuntamiento de Benidorm.
