Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de Alicante. EFE-MORELL
El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy la tercera modificación del presupuesto de 2020 con el propósito de cancelar el cien por cien de la deuda municipal contraída con los bancos, que ascendía a más de 18,7 millones.
El acuerdo ha prosperado por mayoría simple con el voto favorable del equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, tras la abstención de los dos concejales de Vox.
Por su parte, los 13 concejales de PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís han votado en contra al discrepar de la decisión de utilizar esos cerca de 19 millones del remanente (dinero no gastado del presupuesto de 2019) a amortizar deuda, en lugar de destinarlo a atender la emergencia social.
La concejal de Hacienda, Lidia López (PP), ha defendido el acuerdo al subrayar que permite que el Ayuntamiento deje de estar sometido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante la confección del presupuesto de 2021.
Además, ha sostenido que, hasta ahora, el Gobierno central solo ha autorizado dedicar un porcentaje de esos ahorros municipales a la cobertura de necesidades sociales, mientras sigue manteniendo su propuesta de utilizar el conjunto de los remanentes de los ayuntamientos para financiar gastos del conjunto del Estado.
Así, ha apuntado que se trata de una medida que permite destinar parte de esos ahorros en beneficio de la ciudad al reducir deuda.
López ha recordado también que el PP ya acordó la amortización de parte de la deuda municipal durante el pasado mandato, lo que permitió cancelar el plan de ajuste municipal.
Todo, además, de promover una reducción fiscal, con una rebaja lineal del IBI del 5%, junto a otras bonificaciones para priorizar el desarrollo económico, la generación de empleo y la sosteniblidad.
Los representantes de Compromís, Unides Podem y PSPV-PSOE han expresado su rechazo a la decisión al considerar que esos fondos deberían movilizarse y dedicarse a tender necesidades sociales, "sin que vayan a parar a los bancos", como ha sostenido el portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido.
Su homólogo de Unides Podem, Xavier López, ha abundado en el mismo argumento y ha recriminado la falta de diálogo previo respecto a la propuesta.
Por su parte, el concejal socialista Miguel Millana ha acusado al bipartito de tomar decisiones para establecer contraposiciones respecto a otras administraciones y ha sostenido que el hecho de que si el Estado va a utilizar esos fondos va a ser para atender las necesidades del conjunto del país, también las de los alicantinos.
El alcalde, el popular Luis Barcala, ha resaltado por su parte que la decisión permite "defender los intereses de los alicantinos" frente a los intereses de otros "partidos políticos que gobiernan en España".
"Nosotros tenemos una caja con los ahorros de los alicantinos y nuestra obligación, porque nos han elegido los alicantinos, es para gestionar y defender sus intereses. En este pleno lo que hacemos es velar por los intereses y los recursos que los alicantinos han dejado en nuestras manos", ha señalado.
Barcala ha comentado que "no podemos gastar parte de los ahorros en asuntos sociales porque el Gobierno de España no se lo permite a ningún ayuntamiento" y ha anunciado que el uso por parte del Ejecutivo central de los remanentes de la administración local está quebrando el consenso en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Asimismo, el pleno también ha sacado adelante la modificación de la plantilla de personal reservada a personal eventual.
Con este acuerdo se amortiza una plaza de asesor y se crea la nueva figura de jefe de gabinete de la Vicealcaldía.
El acuerdo también ha prosperado con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de Vox, y el voto en contra de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.
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