Barcala-EPDAEl equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por los grupos Popular y Ciudadanos, ha presentado la aprobación en el Pleno de este mes de diciembre de una declaración institucional en la que instan al conseller Vicent Marzà y al Consell de Ximo Puig a que abandonen sus proyectos de implantación del modelo catalán de inmersión lingüística en la Comunidad Valenciana y sigan promocionando el valenciano, pero no desde la imposición y el dogma, sino desde el respecto y la libertad de decisión.
En la declaración se pide al Pleno del Ayuntamiento de Alicante que "inste al Gobierno de la Comunidad Valenciana y al Gobierno de España a desarrollar las acciones necesarias en el ámbito educativo para defender la educación integral de todos los alumnos en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana".
Al mismo tiempo se reclama al Consell y al Gobierno de España que "retiren o impidan cualquier tipo de subvención o dotación de recursos públicos a entidades de marcado carácter partidista, cuyos objetivos son contribuir al señalamiento de los ciudadanos, incluidos los escolares y estudiantes, en función de la lengua que utilizan".
De la misma forma, exigen al Gobierno de la Comunidad Valenciana y al Gobierno de España a "que combatan de manera firme los casos de intento de adoctrinamiento en las aulas, reforzando la Alta Inspección Educativa", así como que "se comprometan al cumplimiento de nuestra Constitución, especialmente, en la defensa de todos los ciudadanos y de sus derechos lingüísticos, para proteger y fomentar los contemplados en el artículo 3 de la Constitución Española".
Las portavoces de ambos grupos municipales, Mari Carmen de España (PP) y Mari Carmen Sánchez (Cs) afirman en el documento que "en los últimos años estamos viviendo un cambio peligroso en la Comunidad Valenciana". "Desde que llegó a la Conselleria de Educación Vicent Marzà, ha quedado patente su intención y constante voluntad de imponer el valenciano a costa de todo y frente a todo, sin respetar la diversidad lingüística de la Comunidad y el predominio castellanohablante".
El equipo de gobierno municipal denuncia que desde la Generalitat Valenciana se está imitando el perjudicial modelo catalán de imposición de la lengua, llegando hasta el punto de que actualmente dos de cada tres colegios públicos imparten menos del 30% de clases en castellano, tras analizarse en un estudio nada menos que 1.680 centros de la Comunidad.
"La imposición lingüística en la escuela valenciana camina hacia la inmersión a la catalana, buscando excluir progresivamente el castellano de las aulas, sobre todo, a edades muy tempranas", afirman las portavoces. De hecho, en el ciclo de Infantil, el porcentaje global en la Comunidad Valenciana se eleva al 67% de centros que enseñan menos de ese 30% en castellano.
"En la Comunidad Valenciana, el español es la lengua mayoritaria de los ciudadanos, sin embargo, desde la Generalitat se empeñan en erradicarla en los colegios de Infantil y Primaria. Cómo no puede ser de otro modo, estamos muy preocupados por la deriva de la dañina política lingüística que se está viviendo en la Comunidad Valenciana. Sabemos que el objetivo es igualarla a la catalana y desde el Ayuntamiento de Alicante no podemos cerrar los ojos y pasarlo por alto", subrayan De España y Sánchez.
En la declaración institucional se cita la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que, coincidiendo con el TSJ de la Comunidad Valenciana, ha anulado parte del decreto que regula el funcionamiento de la "policía lingüística" creada por la Generalitat Valenciana y desestimando el recurso de la Generalitat contra la sentencia que declaró nulos doce artículos del decreto que regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos del Consell por considerar que no atienden a la legalidad y generan indefensión ante los denunciados.
"Este hecho es otra estocada al proyecto autoritario que quieren llevar a cabo el tripartito que lidera Ximo Puig junto con Compromís y Unides Podemos. Otro ejemplo es que el partido nacionalista valenciano pide por su lado que se obligue por ley a los comercios a atender en valenciano, algo que consideramos totalmente impermisible" señalan las firmantes.
"Ni en Alicante ni en la Comunidad necesitamos una policía lingüística como la que quieren imponer desde el gobierno del Botánico, que nos vigile y que imponga la agenda catalanista en nuestra Comunidad porque nosotros defendemos el bilingüismo activo y seguiremos trabajando, desde el sentido común y la protección de la legalidad, por la cooficialidad de castellano y valenciano en esta Comunidad" afirman las ponentes.
"Por si todo esto fuera poco, hemos tenido conocimiento este mes que el Conseller Marzà ha puesto fecha de caducidad a la exención lingüística de las zonas castellanas a partir de 2027, a la que tenían derecho por la Ley de Usos de 1983 y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, los alumnos de las extensas zonas de "predominio lingüístico castellano".
"Los planes de Marzá pretenden obligar a todos los alumnos a examinarse de Lengua y Literatura valenciana a partir de 2027 en las pruebas de acceso a la Universidad" señalan las firmantes. "Y algo muy grave es que en los centros educativos están teniendo conocimiento en las últimas fechas, ocho meses después, y ya sin casi posibilidad de recurso. Este último atropello a los derechos de todos afecta de lleno a los alicantinos, con muchísimos municipios perteneciente al predominio lingüístico castellano, los cuales podían pedir la exención de cursar y examinarse en esa lengua", puntualizan en la declaración institucional.
