Entrada al residencial de viviendas VPP Les Naus objeto de la investigación. EFE-Pep Morell
La magistrada que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la zona de la Playa de San Juan, en Alicante, ha dictado una providencia por la que acuerda, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril al director territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante y a dos funcionarios de ese organismo territorial.
Además del director territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante, los otros dos testigos son la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV)
Además, la instructora ha decidido librar un oficio a la Conselleria para que manifieste si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos.
En este segundo supuesto, la Conselleria deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.
Por su parte, desde la Conselleria de Vivienda han recordado a EFE que "fue la propia Conselleria la que denunció la situación ante la Fiscalía" y han explicado que "se ha realizado un análisis en profundidad de cada expediente para la elaboración de un informe que se ha remitido al juzgado y en el que se indican, entre otras cuestiones, las personas que participaron en la elaboración de los visados".
Con ello, han señalado, "el juzgado prosigue la investigación y la citación responde a esta aportación de información de la propia Conselleria, que reafirma su compromiso con la investigación".
El "escándalo" de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, alcalde, ha provocado una tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.
También varios funcionarios han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo.
