El equipo de Gobierno municipal, integrado por los grupos Populares y Ciudadanos, ha presentado una declaración institucional a aprobación en el pleno ordinario del próximo jueves, por la que insta al Consell de la Generalitat Valenciana que proceda a derogar de manera inmediata el nuevo impuesto al vertido e incineración de los residuos y rechazos de residuos domésticos de competencia municipal incluido en la Ley de Medidas Fiscales por el Gobierno autonómico.
Esta modificación pretende extender la aplicación del citado impuesto al vertido e incineración de los residuos y rechazos de residuos domésticos de competencia municipal, hasta ahora exentos, con la finalidad de penalizar su depósito en vertedero.
Populares y Ciudadanos consideran que la creación de un tributo ambiental tendrá, sin duda, mayor impacto en aquellas personas más desfavorecidas, sin que dicho impacto negativo en la esfera económica de las familias se justifique por el impacto ambiental de la medida, ya que bien al aplicarse el impuesto sobre la totalidad de los residuos que van a vertedero y no sobre los residuos gestionados por cada consorcio se incita a renunciar a la recogida selectiva de residuos en origen, resultando claramente contrario a los principios de la economÃa circular y de la sostenibilidad ambiental.
En este sentido, recuerdan también que "el Fondo Monetario Internacional ha recomendado al Gobierno de España posponer la subida de la fiscalidad verde hasta que la recuperación de la crisis de la Covid-19 sea firme, porque los tributos ambientales tienen un mayor impacto en los menos pudientes, que también son los más perjudicados por la pandemia".
Además, -señalan en su escrito- "la actuación de la Generalitat mediante esta medida impositiva supone un claro ataque a la autonomÃa local, reconocida constitucionalmente, que es un pilar en nuestro sistema jurÃdico de distribución de competencias y que garantiza que los ayuntamientos y las diputaciones puedan ejercitar sus atribuciones legales sin intromisiones innecesarias y haciendo valer el mandato democrático que sus representes electos por la ciudadanÃa ostentan".
La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, pretende hacer los cambios necesarios para que la eliminación de residuos en vertedero sea la última opción y que solo se lleven a estos, residuos que con la tecnologÃa actual no pueden ser reciclados.
La Directiva impone a los Estados miembros que deben recurrir a instrumentos económicos y otras medidas a fin de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquÃa de residuos, como los instrumentos económicos y otras como, tasas de vertedero y de incineración, sistemas de pago por generación de residuos, regÃmenes de responsabilidad ampliada del productor, facilitación de la donación de alimentos e incentivos para las autoridades locales, u otros instrumentos y medidas apropiados.
Entre los ejemplos que recoge la Directiva se encuentra el de "Tasas y restricciones aplicables a las operaciones de depósito en vertederos e incineración de residuos que incentiven la prevención y el reciclado de residuos, manteniendo el depósito en vertederos como la opción de gestión de residuos menos deseable".
En la declaración institucional se señala que "si bien es uno de los ejemplos que se plantean por esta Directiva, sin expresar en ningún momento que sea esa la forma que se deba imponer para conseguir los objetivos fijados, existen más ejemplos sin necesidad de subir impuestos que permiten la consecución de los objetivos planteados".
Entre estas otras opciones para conseguir los objetivos planteados se encuentra, tal y como se relaciona en el anexo IV bis de esta Directiva europea, la "correcta planificación de las inversiones en infraestructura de gestión de residuos, en particular a través de fondos de la Unión, el a poyo a la investigación y la innovación en tecnologÃas de reciclado avanzadas y refabricación, el uso de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de residuos, la introducción de incentivos económicos para las autoridades regionales y locales, en particular para fomentar la prevención de residuos e intensificar los sistemas de recogida separada, evitando apoyar el depósito en vertederos y la incineración y la realización de campañas de concienciación pública, en particular sobre la recogida separada, la prevención de residuos y la reducción de los vertidos de basura, e inclusión de estas cuestiones en la educación y la formación, además de establecer sistemas de coordinación, incluso por medios digitales, de todas las autoridades públicas competentes que participan en la gestión de residuos".
