La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Primera, considera probado que el procesado llegó a un acuerdo con las empresas propietarias de esos dos inmuebles para ejercer como intermediario en la búsqueda de arrendatarios.
En concreto, con esos trabajos ficticios el procesado percibió 6.040 euros, según la sentencia.
Los hechos juzgados sucedieron entre los años 2011 y 2012 con la supuesta participación de una segunda persona no identificada que, en consecuencia, no pudo ser incluida en el proceso.
Al margen de la condena de once meses de prisión, sobre la que se aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, el acusado deberá indemnizar a los propietarios de las dos viviendas con el pago de 12.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
El abono de esa cantidad podrá realizarse de manera fraccionada a lo largo de dos años en plazos mensuales de 500 euros.
Igualmente, la condena, alcanzada tras un acuerdo de conformidad, impone al acusado el pago de una multa de 5 meses a razón de 3 euros diarios y la asunción de la mitad de las costas del juicio.
Foto archivo audiencia Alicante
