La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló. EFE-Morell
Funcionarios y altos cargos de los departamentos de Patrimonio, Contratación y Urbanismo del ayuntamiento de Alicante serán los primeros en ser citados para prestar declaración en la comisión municipal sobre las posibles irregularidades en las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan.
Así lo han decidido los partidos políticos en la segunda reunión celebrada este viernes en la casa consistorial y que ha establecido que la primera sesión se celebrará el próximo lunes 13 de abril, mientras que las siguientes serán el 24 y el 11 y 22 de mayo.
De esta forma, los primeros citados por el ayuntamiento, que no tienen obligación de asistir y declarar, tal y como ha recordado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, serán los funcionarios y altos cargos de los departamentos de Patrimonio y Contratación.
La segunda sesión será monográfica sobre la Concejalía de Urbanismo, mientras que en la tercera destaca el nombre de la funcionaria María Pérez Hickman, que dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos después de que se conociera que dos hijos y un sobrino eran adjudicatario de VPP en Les Naus y que actualmente es jefa de Contratación del ayuntamiento.
La sesión del 11 de mayo será la primera en la que serán citados responsables políticos, entre los que destacan los de la legislatura del tripartito de izquierdas, como el alcalde de Alicante entre 2015 y 2018, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE; el concejal responsable de Contratación hasta 2017, Natxo Bellido, de Compromís; y la regidora de Hacienda y Acción Social durante esa legislatura, Sofía Morales, también socialista.
Del mismo modo se requerirá la comparecencia de políticos de la anterior legislatura, como el concejal de Urbanismo, Adrián Santos, de Ciudadanos; la concejala de Cultura, María Dolores Padilla, del PP; y la concejala de Urbanismo durante el primer año, Mari Carmen de España.
Villar ha explicado por qué no se ha podido facilitar la documentación requerida por los grupos municipales hasta este viernes, cuando estaba previsto hacerlo el miércoles, y ha argumentado que era por la protección de datos, al haber información personal de anónimos y que habían consultado la forma en la que hacer accesible la documentación a los representantes políticos.
Asimismo durante el debate, los partidos de izquierda han planteado su propuesta conjunta para citar primero a los perfiles técnicos y, una vez se hayan terminado con sus declaraciones, se empiecen a llamar a los políticos.
"Lo que queremos es preguntar a los técnicos para que los políticos ratifiquen", ha explicado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, a lo que la representante del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha añadido que cree que se debe cerrar la parte completa del expediente con los funcionarios de Contratación, Patrimonio y Urbanismo.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha insistido en citar a los representantes políticos responsables de cada área cuando se terminen las declaraciones de los técnicos, por lo que quería agendar sus declaraciones ya en la segunda sesión.
La magistrada titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha impuesto 3.000 euros de fianza a Ciudadanos (Cs) para personarse como acusación popular en la causa que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la zona de la Playa de San Juan, en Alicante.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada ha dictado una providencia donde requiere a Cs la fianza para aceptar su solicitud de personación en la causa.
En el escrito de personación, al que ha tenido acceso EFE, Cs pide ser tenido como parte en el ejercicio de la acusación popular contra las personas físicas y jurídicas que resulten investigadas en el marco de esta instrucción.
El escrito, presentado este miércoles en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza 5, señala en las alegaciones que "el proceso relacionado con la gestión y adjudicación de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la zona de la Playa de San Juan, en Alicante, ha generado una profunda alarma social".
