Alicante exigirá desde el próximo 2 de enero el seguro de responsabilidad civil a los vehÃculos de movilidad personal (VMP) con certificado de circulación, que se corresponde con los comercializados a partir del 22 enero de 2024, según ha informado el ayuntamiento.
El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha explicado que los patinetes eléctricos comercializados a partir de 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso y los anteriores a esta fecha podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir de dicha fecha, solamente lo podrán hacer los VMP que cuenten con la certificación, ha indicado.
De Juan ha señalado también que, desde la entrada en vigor de estas medidas, la PolicÃa Local podrá comprobar la disponibilidad del seguro de responsabilidad civil y la certificación de los patinetes eléctricos, y, en caso de incumplimiento, inmovilizar el vehÃculo y sancionar al propietario con multas que varÃan desde los 100 a los 500 euros.
Actualización del reglamento de usuarios del autobús urbano
El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado el proceso para actualizar el reglamento de usuarios del transporte urbano de la ciudad con "la apertura de una consulta pública por un periodo de 20 dÃas hábiles, desde el dÃa siguiente a su publicación en el tablón de anuncios municipal, que permitirá emitir opiniones hasta el 5 de diciembre, siguiendo lo establecido en el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas", según el consistorio.
Este reglamento data de 1997 y entre los objetivos de la actualización ahora planteada se encuentra solucionar imprecisiones en la definición de los derechos y deberes de los usuarios, especialmente en lo relativo a personas con movilidad reducida, asà como lagunas jurÃdicas en la regulación de los vehÃculos de movilidad personal en el transporte público urbano, la necesidad de adaptar el reglamento a la normativa vigente en materia de accesibilidad o actualizar el régimen sancionador.
Además, la ConcejalÃa de Movilidad considera necesaria su modificación para adaptarlo a la legislación en materia de transporte, accesibilidad y protección de datos.