TRIBUNALES
El Exedil Llorens niega que participase en la adjudicación de obras del Plan E
Quien fuese 'número 2' de la exalcaldesa Sonia Castedo se ha limitado a apuntar que "visaba con mi firma cada decisión del proceso para que pudiese continuar la tramitación"
EFE - 12/01/2022
El ex vicealcalde de Alicante en la etapa de Sonia Castedo Andrés Llorens llega a la Audiencia Provincial de Alicante /EFE
El ex vicealcalde de Alicante en la etapa de Sonia Castedo Andrés Llorens llega a la Audiencia Provincial de Alicante /EFE
El exvicealcalde de Alicante y exconcejal de Atención Urbana entre 2007 y 2015 por el PP, Andrés Llorens, ha negado hoy, en el juicio sobre el supuesto amaño en la adjudicación de las obras del Plan E, que participase en el proceso valoración de las propuestas presentadas o en la designación de los directores facultativos de esos trabajos y de los técnicos encargados de dichas valoraciones.

"No tenía conocimientos para ello y, además, esa no era mi función", ha alegado Llorens.

Así, quien fuese 'número 2' de la exalcaldesa Sonia Castedo se ha limitado a apuntar que "visaba con mi firma cada decisión del proceso para que pudiese continuar la tramitación".

También ha asegurado que "no estaba capacitado para tomar ese tipo de decisiones" y que "confiaba plenamente" en sus "técnicos y en el jefe de área", el funcionario ya fallecido Víctor L., "puesto que llevaba treinta años de servicio", ha enfatizado.

Llorens ha incidido en que su participación en la planificación de esas obras se ciñó al ámbito político por lo que respecta a la elección de los trabajos que debían presentarse ante el Ministerio de Administraciones Públicas para que pudiesen optar a los fondos estatales.

A este respecto, el exedil ha explicado que, ante la premura de plazos, convocó a los técnicos para que expusiesen qué proyectos ya estaban redactados con el fin de que pudiesen presentarse para conseguir esa financiación.

En último término, según ha dicho, se convocó una reunión del equipo de gobierno para decidir qué proyectos del conjunto de concejalías iban a presentarse.

Además, en respuesta a las preguntas formuladas por la Fiscalía, Llorens ha declarado que desconocía que una de las hijas de otro extécnico de su concejalía también procesado, José L., estuviese contratada por la empresa CCMS, una de las compañías subcontratadas por Becsa: la adjudicataria de cuatro de los proyectos del plan de estímulo a la inversión local puesto en marcha por el Ejecutivo central en 2008.

De igual modo, ha defendido que no le inquietó que Becsa optase por adquirir los contenedores suministrados por la compañía Sedni en la que trabajaba su propio hermano, puesto que era "una tercera empresa que no había concurrido al concurso".

Ha reconocido que sabía que su hermano trabajaba en esa empresa y que se dedicaba fundamentalmente a la fabricación de maquinaria para barcos, aunque también en pequeña proporción a la producción de contenedores.

Llorens ha negado tener conocimiento de que se hubiese celebrado reuniones con los representantes de Becsa antes de que se produjese la adjudicación y también que existiese un supuesto compromiso de adjudicación, como el que, según ha expuesto la Fiscalía, figuraba en uno de los informes intervenidos en los registros llevados a cabo en las oficinas de la compañía en Alicante, en el que se incluían las obras costeadas con cargo al Plan E.

El exconcejal ha expuesto que, después de que trascendiesen informaciones en los medios de comunicación sobre la copia de fragmentos del catálogo de las empresas suministradoras de los contenedores en los pliegos de licitación, habló con Víctor L. y fue él quien se ocupó de que se modificase en los pliegos de licitación del segundo proyecto relacionado con su instalación, en el que se preveía la colocación de otros 100 contenedores, al margen de los 40 ya adjudicados.

En todo caso, Llorens ha indicado que era habitual que se incluyese una referencia sobre productos ya disponibles en el mercado para que constasen las características técnicas de los equipos que interesaban al ayuntamiento.

También ha manifestado, a preguntas de la Fiscalía, que contrató los trabajos de CCMS para la ejecución de una obra menor en su propio domicilio y que no le inquietó que la empresa hubiese realizado trabajos para el consistorio porque él abonó esos trabajoso.

Antes de la declaración de Llorens, ha comparecido uno de los responsables de Becsa en la época en la que se produjo la adjudicación de las obras, Juan Manuel V., también procesado.

Durante su testimonio, ha afirmado que el documento intervenido en el registro de las oficinas de la compañía en el que se reflejaría un presunto compromiso de adjudicación de obras del Plan E por valor de cinco millones era una especie de documento de expectativas sobre posibles contratos a los que se optaba que el delegado de la compañía elevaba a la dirección regional de la empresa.

Además, ha negado que él redactase los pliegos de condiciones del concurso y ha apuntado que era habitual que las empresas presentasen sus propuestas con los membretes del ayuntamiento.

También ha sostenido, respecto a otro documento hallado en el domicilio de José L., que se trataba de un informe sobre las mejoras propuestas por Becsa respecto a su oferta.

El juicio por esta causa, que debe continuar en próximas jornadas con las declaraciones de testigos, se dirige contra Llorens, José L., Juan Manuel V. y Javier Á. (representante de CCMS).

La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la exconcejal del PSOE Carmen Sánchez Brufal, solicitan cuatro años de prisión para cada uno de los cuatro acusados al considerarlos responsables de los delitos de prevaricación y fraude.

La tesis que sostienen las acusaciones es que, entre 2009 y 2010, los cuatro procesados se habrían conjurado para amañar la adjudicación de obras del Plan E por valor de 7,3 millones hasta el punto de que los pliegos de condiciones de los concursos quedaron redactados por los responsables de las empresas adjudicatarias.

Las acusaciones se basan en la labor de investigación desplegada por la Policía en la que se incluyen escuchas telefónicas y videovigilancias, además del material intervenido en las entradas y registros de las oficinas de las empresas y de los domicilios particulares de algunos de los procesados.