SUCESOS
Detenido un matrimonio de Alicante acusado de explotación laboral a temporeros rumanos y portugueses que tenían viviendo en condiciones "infrahumanas"
Trabajaban en los campos de la Comunitat Valenciana todos los días de la semana y eran obligados, si querían mantener el empleo, a vivir en una nave industrial propiedad de la pareja, en condiciones "infrahumanas"
EFE - 14/01/2021
Una temporera realizando labores agrícolas. EFE/Archivo.
Una temporera realizando labores agrícolas. EFE/Archivo.

La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un matrimonio acusado de explotación laboral a nueve temporeros rumanos y portugueses que trabajaban en los campos de la Comunitat Valenciana todos los días de la semana y que eran obligados, si querían mantener el empleo, a vivir en una nave industrial propiedad de la pareja en condiciones "infrahumanas", según el instituto armado.

Esa instalación no disponía de agua corriente, por lo que los trabajadores tenían que asearse en las acequias cercanas.

Además, el matrimonio, de origen rumano, engañaba a los temporeros, aprovechándose del desconocimiento del idioma, para cobrar las nóminas en sus cuentas bancarias.

A las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias, que solo les daba para cubrir sus necesidades básicas. De esta manera tenían el control total de los salarios y, por lo tanto, de los trabajadores, que se veían obligados a cumplir estas condiciones para cobrar a fin de mes.

La investigación sobre este caso fue iniciada por el Equipo Contra el Robo en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Calpe (Alicante) después de que un trabajador interpusiera una denuncia en el cuartel del Cuerpo en el municipio alicantino de Pedreguer tras una disputa con un compañero de trabajo, que acabó finalmente en un delito de lesiones.

Durante las declaraciones del denunciante, los agentes averiguaron las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidos él y sus ocho compañeros de trabajo.

El matrimonio arrestado utilizaba el método de cuadrillas de trabajo para realizar las labores de recolecta y solicitaba a una empresa de trabajo temporal, con la que tenía una relación laboral desde hacía años, personas para emplear bajo su mando.

Los nueve hombres contratados acudían diariamente a trabajar a los campos de Castellón, Valencia y Alicante, acatando las órdenes del matrimonio. Según averiguaron los agentes, en unas condiciones que incumplían todos los requisitos del convenio de recogedores de la Comunitat Valenciana.

Empezando por los días de alta en la Seguridad Social de cada temporero, que no estaban asociados a la realidad de los días trabajados, sino que eran acordes a la producción realizada, según la Guardia Civil.

Este acuerdo también contemplaba un salario por destajo para cada trabajador y, en este caso en concreto, ni siquiera se igualaba al establecido legalmente. Según los agentes, la diferencia entre una nómina normal y la de estas personas podía llegar a alcanzar los 1.000 euros.

Los investigadores descubrieron asimismo que la pareja se apropiaba de una parte de la recolecta de fruta de los trabajadores. Durante la jornada de trabajo, los temporeros recogían 22 kilos de cítricos en capazos que luego eran depositados en cajas que tenían capacidad para albergar 20 kilos de peso.

El matrimonio se quedaba con los dos kilos recolectados que no cabían en la caja y, así, podía apropiarse ilegalmente de cientos de kilos recogidos por los trabajadores al cabo del día.

Otra grave irregularidad detectada por los agentes es que, por convenio, la empresa es la que debe poner los medios para el traslado de los temporeros a su lugar de trabajo o, en su defecto, pagarles una cantidad estipulada por kilómetros recorridos.

En este caso eran los temporeros los que llenaban el depósito de combustible de la furgoneta en la que se desplazaban a trabajar, siempre bajo la amenaza de ser despedidos si no lo hacían.

De esta manera, los dos detenidos no solo se ahorraban el combustible, sino que, además, se atribuían el porcentaje de dinero que la empresa les pagaba por el supuesto transporte de cada trabajador.

El matrimonio fue finalmente detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y, tras pasar a disposición judicial en Sueca (Valencia), ha quedado en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio.