Chelo Poveda El decreto que
regula a los antidisturbios (R.D. 1668/1989) establece como una de
las funciones de este cuerpo policial la prevención respecto de la
seguridad ciudadana. A colación de la prevención como forma de
mantener el orden en las calles surgen multitud de preguntas.
¿Contribuye a la prevención de los disturbios los métodos de los
antidisturbios? ¿La presencia de hombres armados y protegidos por
escudos y cascos dan la sensación de prevención a la ciudadanía o
de inminente violencia? ¿La despersonalización de los agentes y la
dificultad de identificación hace que puedan realizar mejor su
trabajo o hace que su actividad sea difícil cuando no imposible de
fiscalizar? ¿Es legítimo que la democracia aporree a sus ciudadanos
con tal contundencia?
Los métodos de
acción policial están en cuestión en todo el mundo en un
cuestionamiento global que alcanza casi todos aquellos lugares a los
que ha llegado la democracia. Estamos presenciando con demasiada
frecuencia excesos policiales; detenciones con violencia excesiva e
innecesaria, cargas contra personas embolsadas o arrinconadas,
atropellos de furgones policiales, balazos de goma... Nuestra
sociedad, aunque algunos no lo quieran escuchar, lleva años gritando
desesperada democracia y derechos. Ese grito es multívoco, es decir,
afecta a una gran diversidad de facetas de la vida en sociedad. Grita
a los políticos, a los jueces, a la patronal, a la política de
vivienda… y por supuesto también a la policía.
Como parte de uno
de los poderes del Estado la policía no puede ser ajena a la crítica
y al control democrático. De igual manera que un juicio es público
para que todos veamos que el proceso es justo, o de la misma forma
que los políticos se enfrentan a sesiones de control, la labor de la
policía debe ser fiscalizada. Identificaciones visibles, grandes y
diferenciables a cierta distancia, el uso de cámaras integradas en
toda actuación policial y la grabación de las comunicaciones
internas policiales facilitaría que policías y ciudadanos nos
ajustáramos mejor a las normas democráticas de respeto a los
derechos humanos.
Otro aspecto que
causa la desprotección y la rabia ciudadana es el diferente trato de
unas y otras manifestaciones. Vimos en pleno estado de alarma a “los
cayetanos” protestando sin respetar las normas sanitarias y sin
comunicación previa a las autoridades. A estas manifestaciones
ilegales la policía respondió yendo a cada descubierta, sin cascos
y sin escudos, y hasta haciéndose fotos con los manifestantes. Hemos
presenciado en estos últimos días cómo se homenajeaba a la
división azul con proclamas claramente fascistas y una actuación
policial inexistente ante lo que claramente constituía la comisión
de un delito de odio. Sin embargo, cuando la manifestación la
convocan las juventudes de izquierdas (o catalanas) entonces llegan
las lecheras cargadas de porras.
El uso de la
violencia por parte del Estado contra sus propios ciudadanos no puede
ampararse en métodos oscuros, violentos y arbitrarios, más bien al
contrario, debe estar circunscrita a la más alta excepcionalidad, y
desde luego, no puede estar exenta del control democrático. Tome
nota, ministro Marlaska.
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