Vicente Almenar, presidente de ASIMAFE
Como consecuencia de una de las demandas de la Asociación de
Víctimas del Metro de Valencia y como conclusión de la comisión de la
investigación del accidente de metro del 2006, se llevó a cabo la creación de
la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria (AVSF). Así en marzo del 2018 se
creó la AVSF como autoridad responsable de la seguridad del sistema ferroviario
de competencia de la Generalitat Valenciana: garante de transparencia,
independencia y autonomía respecto de las entidades gestoras de la
infraestructura, planificación y logística del transporte público. Así se
comprometió el Gobierno Valenciano presidido por Ximo Puig, presentando por
entonces una norma pionera en Europa para garantizar la seguridad en toda la
red ferroviaria de la Comunitat Valenciana.
En ese aspecto la Ley recibió una
consignación de 700.000 euros para iniciar su creación, siendo el Consejo
Rector su figura principal y órgano superior de la AVSF, compuesto por cinco vocalías
que serán ocupadas por personas de reconocida competencia, experiencia y
prestigio profesional en el sector ferroviario o en la gestión de emergencias.
En julio de 2020 no está en marcha todavía la
AVSF dependiente de la Consellería de Movilidad dirigida por el conseller
Arcadi España. Consellería que ha tenido que recurrir a la externalización de
informes de seguridad necesarios para proyectos de FGV mediante la adjudicación
de contratos menores que han supuesto un gasto de 22.000 euros. Pero debido a
la imperiosa necesidad de cumplir con los compromisos de su creación, se han
designado 250.000 euros, más 11.000 euros más para gastos. Ya hay algunas
personas designadas para ocupar las vocalías del Consejo Rector, que deberán
cumplir los requisitos del artículo 14 de dicha Ley, gozando de independencia e
inmovilidad, siendo su cargo incompatible con el ejercicio de cualquier otra
actividad, tanto pública como privada, que no sea la administración de su
propio patrimonio; siendo incompatible con el desempeño de funciones directivas
o ejecutivas en partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones
empresariales y colegios profesionales.
Las competencias
autonómicas en la red ferroviaria de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana) implican la necesidad de crear una autoridad responsable en materia
de seguridad ferroviaria, ya que la Agencia Estatal no tiene competencias para
poder implicarse en la gestión de la seguridad de esa red. Si bien, deberíamos
recordar que la necesidad de mejoras en la infraestructura de diversos puntos
de la red ferroviaria de la Generalitat Valenciana, como los pasos a nivel,
accesos para las personas con movilidad reducida, la falta de personal en las
estaciones o las dificultades en las contrataciones de personal son motivos más
que suficientes para valorar el gasto de la constitución de la AVSF.
Algunas de las
infraestructuras en la red ferroviaria valenciana carecen de mantenimiento y
otras llevan un retraso considerable en reparaciones de pequeñas obras que
podrían conllevar gravísimos accidentes en cascos urbanos. Deberíamos valorar
si ante la crisis económica que sufrimos deberíamos controlar el gasto en la
creación de la AVSF, que según diversas fuentes tendrá un coste más que elevado
frente a las necesidades que se han gestionado externamente durante estos dos
últimos años. Una Agencia que estará gestionada por un Consejo Rector formado
por personal laboral externo que percibirá parte del salario en concepto de
dietas, entendiendo así que su dedicación a la Agencia Valenciana de Seguridad
Ferroviaria no tendrá una exclusividad total para la gestión de llevar a cabo
los objetivos para los que se creó.
Sería valorable
que ciertas competencias recuperaran una gestión estatal, lo que facilitaría el
ahorro en gastos para los ciudadanos y usuarios en este caso de los Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana. La competencia autonómica evita que la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria regule la seguridad y formación, por ejemplo,
de las redes ferroviarias autonómicas, lo que obliga a la creación de la
Agencia autonómica, si bien debería haber estado creada desde el primer día y
no obligada tras el accidente de metro y el proceso posterior a la
investigación. Es hora de priorizar las necesidades económicas, a favor de la
eficiencia y de la gestión eficaz, por encima de los intereses políticos.
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