Rocafort ofrece su plena colaboración ante la llegada del Aquarius

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Rocafort, declarado pueblo refugio en 2015, ofrece a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia su plena colaboración para atender a las más de 600 personas que llegarán el domingo a bordo del barco Aquarius.

Ante la posibilidad de que tras la primera fase de acogida en el puerto, se aloje a los refugiados en distintos municipios, entre ellos Rocafort, el Ayuntamiento trabaja con Valencia en un protocolo de actuación. “Rocafort siempre ha sido un pueblo abierto, solidario y comprometido, perfecto para la acogida de familias y niños. Estamos a total disposición del Consell y de Valencia para atender cualquier necesidad”, apunta el alcalde, Víctor Jiménez.

Estos últimos días, además, son muchos los vecinos que de manera particular han mostrado al consistorio su disposición para ayudar a atender a estos migrantes. Para facilitar la colaboración, el Ayuntamiento ha abierto la dirección de correo electrónico ayudarefugiados@rocafort.es a través de la que organizar y canalizar las muestras de solidaridad. Así mismo, el consistorio ha habilitado un espacio en la Casa de Cultura para la recogida de todo lo que indiquen necesario desde la coordinación del dispositivo de la Generalitat.

La declaración de Rocafort como ciudad refugio fue aprobada por el pleno municipal de septiembre de 2015 para dar respuesta a la crisis humanitaria actual y preparar la localidad para acoger y asistir a las personas refugiadas, proveerlas de los servicios necesarios y garantizar sus derechos.

En este sentido, el municipio está colaborando con el Ayuntamiento de Valencia para adecuar el Casal d'Esplai como centro de acogida. Esta semana Valencia ha presentado un proyecto de actuación para actualizar el espacio a la normativa y que pueda funcionar y atender a las personas durante las 24 horas.

Rocafort se ofrece para participar en el proceso de acogida de las personas refugiadas y solicitantes de asilo favoreciendo su integración social y cultural, así como atendiendo a los menores en centros educativos o a aquellas personas que necesiten de la sanidad pública y los servicios sociales.