El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig ( a la dcha de la imagen, acompañado por su abogado Javier Falomir) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia. /EFE /Manuel Bruque El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha prorrogado al menos seis meses más -hasta el 29 de julio de 2023- la investigación de la causa judicial abierta contra Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, por un posible fraude de subvenciones.
La anterior prórroga fue anulada porque la petición de la Fiscalía no fue trasladada a las partes, un hecho que fue justificado como "error involuntario" por el juzgado, que estimó el recurso de reforma presentado por los procesados, los empresarios Enrique Adell Bover, Francis Puig y el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.
En un auto fechado el pasado 16 de febrero, el instructor considera que "está claro que no hubo una inacción por parte del juzgado y que la voluntad era dar traslado para alegaciones, por lo que no se puede invocar dicho error para decir que la prorroga es extemporánea".
"En el presente procedimiento ya se emitió un informe pericial extenso y a la vista del mismo se recibió declaración a los investigados, que aportaron asimismo documentación para contestar a las cuestiones que se planteaban en dicho informe. Como consecuencia, se acordaron nuevas diligencias que están pendientes", añade.
Se trata de informes periciales pedidos a los gobiernos valenciano y catalán para averiguar las cantidades presuntamente obtenidas de forma indebida.
Del resultado de estos informes, advierte el juez, se podrían derivar las prácticas de otras pruebas de naturaleza documental o testifical, claves para determinar si se ha podido dar un presunto delito de falsedad documental, y en su caso, delito de fraude de subvenciones.
La investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.
En la causa constan como investigado, además de Francis Puig, el empresario Juan Enrique Adell y el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.
El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, sobre la contabilidad de varias mercantiles para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios.
En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.
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