PP y Vox anuncian cinco nuevas leyes para regular el valenciano, À Punt y los temas de memoria democrática

Los grupos del PP y Vox en Les Corts han anunciado conjuntamente este jueves la presentación de cinco proposiciones de ley para "cumplir sus compromisos electorales" y dar "un nuevo impulso en la agenda reformista del Consell" que afectan, entre otros asuntos, a la educación en valenciano, a la radiotelevisión pública À Punt y a la memoria democrática.

En una rueda de prensa conjunta por parte de los síndics de ambos grupos parlamentarios -que tienen mayoría absoluta en Les Corts-, Miguel Barrachina (PP) y José María Llanos (Vox), se han detallado las cinco proposiciones de ley: de Libertad Educativa, de la Corporación audiovisual de la Comunitat Valenciana, de la Concordia, de Transparencia e incompatibilidades y de la Agencia Valenciana Antifraude, esta última solo presentada por el PP.

Barrachina ha dicho, sobre la primera, que servirá "para que los padres puedan elegir colegio y lengua de sus hijos"; respecto a la tercera, que superará "los muros que estableció la memoria histórica y para que ahora se pueda hablar de aquello que nos une y nos enorgullece abarcando también el periodo democrático"; sobre la cuarta, que evitará "la fuga de talentos del sector público valenciano", mientras la quinta "reforzará" el funcionamiento de esa entidad antifraude.

Por su parte, el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha celebrado en un comunicado la tramitación "de unas leyes tan necesarias y merecidas, cuya aprobación gracias a Vox devuelven la dignidad y el sentido común a todos los valencianos".

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha añadido sobre la proposición de ley de Liberta Educativa: "La imposición del valenciano ha hecho mucho daño a la lengua. La libertad de elegir un centro no es un eslogan, es un derecho. Con esta norma eliminamos la imposición del valenciano que tanto daño ha hecho por la promoción del mismo”.

El proyecto legislativo registrado por PP y Vox “entrará completamente en vigor en el curso 25-26 ya que tardará al menos cuatro meses en ser aprobada siguiendo la tramitación parlamentaria", según ha dicho.

El texto contempla "la exención del valenciano en las zonas castellanoparlantes donde los alumnos tienen que aprender la lengua, pero no tendrán por qué examinarse en ella. Tienen derecho a examinarse en valenciano o castellano, sustituyendo así la imposición por la promoción", según fuentes del grupo popular.

En cuanto a los alumnos que necesitan educación especial, se respetará la lengua en que tenga mayor dominio el alumno, la lengua materna. Si hay que cambiar de centro y no se imparte esa lengua materna, la otra lengua cooficial o extranjera se irá introduciendo de manera progresiva.

Sobre el profesorado, el valenciano será mérito y no requisito en FP y enseñanzas de régimen especial, mientras el que imparta docencia en lengua extranjera tendrá "ciertas preferencias como la elección de turnos y horarios".

Se permitirá otorgar certificaciones automáticas según el nivel. En concreto: A1, al superar los módulos de Valenciano de formación de personas adultas con posibilidad de tener acreditado los niveles A2 o B1 si cursó valenciano anteriormente; -A2, al superar el área de Valenciano los seis cursos de Educación Primaria; -B1, al superar la materia de Valenciano los cuatro cursos de ESO, o en tres cursos de ESO y en 1º de Bachillerato; B2, al superar el valenciano los 2 cursos de Bachillerato; y C1 al superar la materia de Valenciano los 2 cursos de Bachillerato con una media de la asignatura igual o mayor a 7, o al obtener una calificación igual o superior a 7 en la prueba de valenciano del acceso a la universidad.

Para Llanos, "ya era hora que tuviéramos una ley que de libertad a los padres para educar a sus hijos. Son los padres los que tienen el deber y la obligación de educar a sus hijos. Esta ley favorece, además, la promoción de las dos lenguas oficiales”.

Sobre el proyecto de ley de Concordia, el síndic de Vox ha señalado: "Somos los primeros de todo el territorio nacional que tenemos una ley de concordia, frente a la falsa memoria democrática que enfrentaba a las dos partes. Además, quitamos los términos ‘gerracivilistas’ y hablamos de concordia. Se mantendrá la reparación de las víctimas, de todas: las de un lado y las de otro. No vamos a hacer como los bárbaros que destruían todo lo anterior".

Por su parte, Pérez Llorca ha añadido que con esa futura ley "se mantiene la reparación de las víctimas" y ha asegurado: "Estamos para evitar las discrepancias. No es restrictiva ni limita. Ahora se amplía".

Y con la nueva ley del sector audiovisual, según Pérez Llorca, “se pretende avanzar en una televisión moderna, ágil, adaptada a los tiempos que corren. Con esta ley pretendemos ser más eficaces" para una À Punt "profesional y competitiva”.

“Tenemos que aspirar a que sea una televisión de todos los valencianos y que en las zonas castellanoparlantes también la sientan como propia. Esta ley se adapta a la ley que regula y se asimila al resto de televisiones autonómicas. Las modificaciones se realizan atendiendo a las peticiones de la propia corporación y ahora se abre un proceso de participación en la tramitación de la ley”, ha añadido.

Llanos ha explicado por su parte que "desaparece la dualidad que había entre la corporación y la sociedad y se crea una sociedad pública en la que primarán los principios de objetividad, excelencia, mérito y control presupuestario. Vamos a intentar tener una radiotelevisión pública del siglo XXI”.

Respecto a la modificación en la Agencia Antifraude, Barrachina ha indicado que “se recogen las propias modificaciones planteadas desde la Agencia en 2022 por el actual director, Joan Llinares, y la inclusión de varias directivas europeas sobre el tratamiento confidencial de ese tipo de datos".

También se asimila la elección del presidente a la elección en segunda vuelta por mayoría absoluta de les Corts. En el cambio se asimila la intención de pactar con todos los grupos para llevar a cabo la renovación.

Y con las modificaciones de la ley de transparencia se garantiza “una verdadera transparencia, con las garantías de mayor control y de fiscalización”.