Concejales de Plataforma-GuanyemSAB-Compromís. EPDA Nueva discusión política en el ayuntamiento de San Antonio de Benagéber. La coalición Plataforma-Guanyem SAB-Compromís ha criticado al gobierno municipal por "publicitar el superávit de la liquidación del presupuesto de 2016, que está prorrogado desde 2013, pero sin informar que hay que poner en marcha un Plan Económico Financiero por no cumplir ni con la regla del gasto ni con la estabilidad presupuestaria".
En el comunicado remitido a los medios, los miembros de la coalición tripartita también acusan al ayuntamiento de no reconocer "el bajo nivel de recaudación". "Este plan no fue aprobado por el pleno por no haber sido acordado" asegura el portavoz de Plaforma-Guanyem SAB-Compromís, Ramón Orozco.
Según afirma Orozco: “el informe del interventor sobre la propuesta de Plan Económico Financiero es claro con las deficiencias de la gestión del Ayuntamiento”, a lo que el portavoz añade "no es de recibo que nuestro alcalde presuma de tener un superávit en las cuentas cuando no implementa las políticas públicas adecuadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos”. Pero además no informó de los malos indicadores financieros del gasto, la estabilidad, el bajo nivel de recaudación. Tampoco queda claro qué piensa hacer para evitar que prescriban los impagos que suman más de 1 M € desde 2010 a 2013".
Para los miembros de Plataforma-GuanyemSAB-Compromís, "la intervención municipal, en su informe, evidencia que 'el desfase entre los ingresos liquidados y la recaudación efectiva es muy exagerado y pone de manifiesto que la recaudación ha sido poco eficaz“ y que “recaudar durante el ejercicio el 69,77% no es como para echar las campanas al vuelo'. Y, según afirman, “echa de menos un mínimo análisis de las causas que nos han llevado al incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla del gasto”. Así como, respecto a las medidas propuestas en el Plan Económico Financiero (PEF) “no van acompañadas de la documentación oportuna que avale su consecución”
No acaban aquí las criticas de la coalición tripartita. Su portavoz Ramón Orozco miniza el posible ahorro de 80.000 € anuales con una nueva contrata de recogida de resiudos sólidos urbanos señalando que el ayuntamiento de San Antonio lleva "funcionando desde 2011 sin contrato, "tiempo ha habido para hacer un contrato nuevo como hemos indicado en anteriores ocasiones”, asevera Orozco. "
Orozco critica también que el Plan Económico Financiero no haya sido "negociado ni conocido con anterioridad por la oposición", y señala que AISAB y PSOE les piden un voto favorable "bajo la amenaza de tener que implantar una Tasa de basuras que contempla el Plan de Ajuste de 2012 que se aprobó con la única oposición de nuestro grupo municipal y la abstención de AISAB y PSOE, que ahora forman el gobierno municipal".
"Al no negociarse no se han podido incluir otras medidas de ahorro de gasto como la rebaja de retribuciones de los concejales que aprobó el pleno municipal en noviembre de 2016 a propuesta nuestra y que el gobierno actual intenta no aplicar con estratagemas dilatorias. Supondría un ahorro anual de 45.000 €. La recaudación es fallida. El gobierno se empeñó en asumirla sin estar preparados y con un alto coste de alquiler de un software adecuado para grandes administraciones, que ronda los 70.000 € anuales de alquiler. El porcentaje de recaudación es demasiado bajo y no sabemos cómo está el millón de euros próximo a su prescripción si no se han incoado actuaciones ejecutivas. Es un dinero que debe ayudar a mejorar las situación de la ciudadanía y a sanear las cuentas públicas. No podemos permitirnos tirar a la basura una sexta parte del presupuesto anual de San Antonio.Para este resultado era mejor dejarla temporalmente en manos de la Diputación hasta tener la capacidad real de asumirla, tal y como sugerimos en su momento. Además sin acuerdos previos el gobierno municipal es incapaz de sacar adelante las propuestas. Hacer responsable a los demás de sus fracasos evidencia una irresponsabilidad preocupante. Y convocar un pleno extraordinario a quemaropa el pasado 23 de junio y añadirle otros puntos como una Ordenanza para paellas no hace si no agrandar el desacuerdo con la necesaria oposición.Nuestro grupo es consciente de la obligatoriedad de presentar un PEF ante el ministerio, ya que estamos intervenidos de facto, pero el plazo legal es de dos meses, por lo que podría haberse llevado al próximo pleno ordinario sin precipitación y con la negociación previa necesaria. Si se negocian los contenidos estamos dispuestos a aprobarlo en el pleno ordinario del mes de julio" concluye Orozco en su comunicado.
Comparte la noticia