Petrer multará con hasta 3.000 euros a los clientes de prostitución

La ordenanza se aplica a menores de edad de entre 14 y 18 años, aunque en este caso la denuncia o el expediente será notificado también a sus tutores

EFE - 18/10/2022

Detalle de la fachada de un prostíbulo en una imagen de archivo. EFE/ Robin Towsend

El pleno del ayuntamiento de Petrer ha aprobado este martes una ordenanza pionera en la provincia de Alicante que castiga con hasta 3.000 euros de multa a las personas clientes de prostitución que pidan servicios sexuales en espacios públicos.

Según la ordenanza, facilitada a EFE, se sancionará con hasta 1.500 euros tanto a aquellos que soliciten, negocien o acepten directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos como a las prostitutas que ejerzan en el espacio público, además de a los que colaboren con los clientes o favorezcan esta actividad o el también denominado turismo sexual.

Y la multa se doblará en el caso de que estas acciones ocurran a menos de 200 metros de colegios, o donde se celebren actos públicos culturales, festivos o deportivos, así como cerca de aquellos puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a carreteras y espacios donde se dificulte la huida.

La ordenanza se aplica a menores de edad de entre 14 y 18 años, aunque en este caso la denuncia o el expediente será notificado también a sus tutores y la sanción económica podrá ser sustituida por actividades de servicio público con interés social y valor educativo.

En la exposición de motivos de la ordenanza, el ayuntamiento dirigido por la alcaldesa socialista Irene Navarro ha señalado que el objetivo es "la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual" y "proteger los derechos de las víctimas" y considera víctimas "a todas las mujeres en situación de prostitución".

Entre los servicios psicosociales que se proporcionan a las mujeres prostituidas, ayuda en los trámites administrativos para reconocer y garantizar el derecho y acceso a los recursos sociales, sanitarios, formativos y laborales, entre otros.

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