Las aparadoras claman ante Les Corts: "Nos sentimos esclavas, hagan algo"

Las presidentas de las aparadoras de Elche, Elda y Petrer han reprochado este miércoles a los diputados de Les Corts su inactividad tras la aprobación, en noviembre de 2018, de una Proposición No de Ley (PNL) en la que se reclamaba al Consell y al Gobierno mejoras de sus condiciones laborales, y han advertido que se siguen sintiendo "esclavas".

Las portavoces de este colectivo, tradicionalmente inmerso en la industria sumergida, han intervenido en la comisión especial de estudio sobre la revisión del modelo de negocio para la mejora de la competitividad de la industria del calzado de la Comunitat Valenciana.

En primer lugar, la presidenta de la Asociación de Aparadoras y Mujeres Trabajadoras del Calzado de Elche, Isabel Matute, ha insistido en que, "a pesar de tener un convenio de calzado desde hace 40 años que reconoce el contrato domiciliario, ni los empresarios ni los sindicatos lo hacen cumplir, todo el mundo conoce esto".

"Pero no siempre fue así, el calzado no siempre fue una industria sumergida, cuando éramos solteras y jóvenes trabajábamos en las fábricas con todos nuestros derechos. Después, con la primera crisis del petróleo, se llevaron la producción a Asia y cerraron cientos de fábricas".

"Fue entonces cuando tuvimos que trabajar al precio que quisieron los empresarios, y volvieron a traer la producción porque trabajábamos más barato que los chinos, y mientras unos se enriquecían y crecía la población de Elche, nosotros íbamos empobreciendo, trabajando por dos euros la hora mientras los zapatos se pagan a 200 euros el par", ha lamentado.

La presidenta de las aparadoras de Elche ha advertido que esta situación es muy mala para la industria, porque "no hay relevo generacional, nuestras hijas han visto las condiciones en las que trabajamos y no quieren aprender el oficio. Es una pena que no se nos hiciese caso cuando se aprobó la PNL hace 4 años, se metió en un cajón".

"Pedimos ayudas para crear cooperativas, para organizarnos, y no se nos quiso ayudar. Pedimos también la tarjeta de trazabilidad del producto, para que se sepa dónde y en qué condiciones se ha elaborado. No necesitamos inspectores de trabajo, porque se cierra un taller y se abre a la semana siguiente en otra calle, sino inspectores fiscales en las grandes empresas. ¿Dónde están las plantillas para fabricar millones de pares?", se ha preguntado esta trabajadora.

Matute ha admitido que su discurso "no es políticamente correcto, no gusta a los sindicatos tampoco, pero no nos importa, queremos que se cumplan nuestros derechos".

"Pedimos al Ayuntamiento de Elche una mesa sobre la economía sumergida. Se reunió dos veces, una para dotarla de presupuesto y otra para encargar a la UMH un estudio que concluyó que el 80 % de los ilicitanos ve normal la industria sumergida. Nos cabreamos mucho, porque no somos números, somos personas, y nos sentimos esclavas. Pedimos ayuda a la oficina del emprendedor para que, igual que montan una SL, nos ayudase con la cooperativa, pero nada".

"¿Para qué sirve que seáis diputados si no sois capaces de devolver los derechos a vuestros familiares?. Muchos de vosotros tenéis familia aparadora", ha espetado Matute a los presentes.

En este mismo sentido, la presidenta de la Asociación de Aparadoras de Elda-Petrer, Mayte Rodríguez, ha explicado a los diputados que "se denuncia bastante", pero no hay seguimiento de los casos por parte de la Inspección de Trabajo.

"Si el inspector llega al centro de trabajo y le dices la verdad la denuncia ya no es anónima. Luego cobras por parte del Estado, porque la empresa se declara insolvente y el taller clandestino vuelve a abrir y sigue recibiendo encargos de la marca principal, pero tu ya no trabajas", ha lamentado.

Rodríguez ha denunciado que las aparadoras "no llegan al SMI, no tienen Seguridad Social, ni bajas de maternidad, accidente o enfermedad, trabajan festivos y están expuestas a inhalación de gases, una situación indigna que nos empuja en ocasiones incluso al canibalismo entre nosotras, siempre sometidas la miedo a perder el trabajo".

"Por el bien de la industria esto tiene que cambiar. Se tiene que poder vivir dignamente. Se nos quiere hacer ver que si se nos da lo que nos corresponde, la industria no se va a sostener, pero estoy convencida de que no es así, que el zapato de España es mundialmente reconocido por su calidad. Y si así fuera no nos corresponde a nosotros llevar esa carga. Han de cesar los abusos en el sector, no pedimos imposibles".

Los grupos parlamentarios, a través del presidente de la comisión, Felipe Carrasco (PP) se ha comprometido a retomar la PNL aprobada en noviembre de 2018.