LA UNIÓ considera que la propuesta del MAPA sobre la norma de comercialización para el aceite no solucionará la crisis y facilita la especulación

Oliveres./EPDA

LA UNIÓ de Llauradors se opone completamente a la aprobación del proyecto de Real Decreto sobre una norma de comercialización del aceite de oliva, cuyo plazo de consulta pública acabó el pasado viernes, al considerar que los instrumentos de regulación contenidos, tal y como se plantean, serán ineficaces para recuperar los precios.

La organización se muestra así muy crítica ante este este Real Decreto ya que considera que el almacenamiento privado, la cosecha temprana o la regulación de rendimientos en el sector olivarero serán medidas vacías si no se enmarcan en un plan de actuaciones y compromisos sectoriales que hoy por hoy no existe.

Por ello pide al MAPA soluciones más holísticas para recuperar al sector de la crisis de precios en la que ha caído. A su juicio los instrumentos de autorregulación contemplados en dicho Real Decreto, articulados por el Ministerio, son un mal parche.

En este sentido denuncia que, en la forma en que el borrador está redactado, con la inmovilización de aceite se pone en manos de la especulación un volumen de almacenamiento gratis que facilita a los intermediarios el control del mercado.

Asimismo, en caso de que finalmente se tramite el proyecto, la organización considera que bajo ningún concepto deberían aplicarse las medidas de forma que penalicen al olivar tradicional y menos productivo como es el de la Comunitat Valenciana. “En otros sectores, como el vino, las restricciones se plantean a las explotaciones más intensivas al atribuirles una mayor responsabilidad en el problema”. argumentan, “y, sin embargo, en el olivar nos quieren tratar a todos con el mismo rasero”.

Fracaso del almacenamiento privado

En relación a los instrumentos contemplados, un claro ejemplo del escaso efecto de este tipo de medidas es el almacenamiento privado llevado a cabo recientemente por la Comisión Europea.

Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, se financió la retirada durante seis meses de 196.000 toneladas de aceite del mercado español (un 14% de una cosecha media), con un coste total de 27,4 millones de euros. Sin embargo, los precios del aceite no solo no han mejorado respecto a la situación previa a la aplicación de la medida, sino que han descendido, en concreto, un 11% el lampante, un 9% el aceite de oliva virgen (AOV) y un 6% el aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Por su parte, entre octubre de 2019 y junio de 2020 – mismo periodo en que se almacenaba el aceite español – las importaciones de aceite han aumentado un 58% por encima de la media de las últimas cuatro campañas; fundamentalmente con procedencia de Túnez y Portugal, desde donde han aumentado las compras un 164%.

LA UNIÓ propone que se mejore la legislación relativa al etiquetado en origen, se persiga efectivamente el fraude a todos los niveles y se consoliden compromisos sectoriales para no saturar más el mercado con importaciones en situaciones de sobreproducción y precios bajos. Igualmente, reclama que se concentren las ayudas de la PAC en los profesionales del sector y una política que apoye verdaderamente al olivar tradicional, en lugar de empujar a los olivicultores a intensificar cada vez más sus producciones para poder salir adelante.