La Policía Nacional desarticula una organización especializada en la sustracción de vehículos que operaba en Alicante

Fotografía facilitada por la Policía Nacional de una operación contra una banda por el robo de coches. EFE

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la policía francesa, ha detenido a 20 personas -11 de ellas en Alicante y nueve en Francia- y han desarticulado una organización criminal especializada en la sustracción de vehículos. La organización estaba perfectamente estructurada y jerarquizada y sus miembros altamente especializados; desde los encargados de robar los coches hasta los gestores que se encargaban de regularizarlos. A los presuntos autores de los hechos, se les imputa el robo de más de 80 vehículos -en las provincias de Alicante y Gerona- cuyos elementos identificativos eran posteriormente modificados para, finalmente, enviar los vehículos al norte de África. Los agentes han realizado seis registros en los que han intervenido gran cantidad de material especializado para el robo de coches.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que, presuntamente, se dedicaba a la sustracción de vehículos. Además, observaron que centraban su actividad ilícita en vehículos de un determinado grupo automovilístico francés y, especialmente, de vehículos comerciales si bien sustraían todo tipo de coches.

Con el avance de la investigación, los agentes comprobaron que se trataba de un entramado perfectamente organizado y fuertemente jerarquizado, tanto en España como en Francia, cuya actuación criminal se había desarrollado durante años. Asimismo, advirtieron que sus miembros -ciudadanos de origen árabe con nacionalidad francesa y argelina- se repartían las tareas dentro de la organización, y que los cabecillas residían en las ciudades de Alicante y Figueras (Gerona).

Modus Operandi de la Organización

El modus operandi utilizado consistía en fracturar una de las ventanillas y manipular sus sistemas de bloqueo y arranque utilizando medios electrónicos. Para ello, el grupo contaba con verdaderos especialistas y con equipamiento informático muy avanzado. Aun con todo, no dudaban en utilizar la violencia en caso de ser descubiertos, llegando a robar en una ocasión a punta de pistola.

Tras el robo, el vehículo era trasladado a lugares poco frecuentados donde lo aparcaban durante un periodo de tiempo prudencial (el suficiente para no ser detectado) mientras otros miembros de la organización preparaban el lugar en el que llevarían a cabo la falsificación de la documentación y de sus elementos identificativos. En esta fase, además, contaban con informadores que tenían acceso a las bases de datos de tráfico españolas y francesas, y con expertos en la manipulación y falsificación de bastidores y documentos oficiales.

Realizadas las falsificaciones, la organización disponía de conductores que se encargaban del embarque directo –o mediante contenedores- de los vehículos en barcos para su traslado a ciudades del norte de África. Para ello utilizaban los puertos de Alicante y Valencia, así como los de Marsella y Lyon.

Curiosamente, el recorrido que seguían los vehículos robados era el inverso al país en el que se cometían los ilícitos. De esta forma, los vehículos robados en España eran enviados a Francia, para su almacenamiento y falsificación, y trasladados a África por los mencionados puertos de Lyon y Marsella. Mientras que los sustraídos en Francia hacían el camino inverso, siendo enviados a España para ser remitidos a África por los puertos de Alicante y Valencia.

Especialización de sus miembros y reparto de tareas

Para cada una de las fases de esta cadena criminal, el entramado contaba con verdaderos expertos en cada materia; desde las personas que robaban los vehículos, pasando por conductores, mecánicos y falsificadores, hasta los gestores administrativos que se encargaban de realizar los trámites necesarios para regularizar los coches robados en las Direcciones de Tráfico española y francesa.

Los agentes observaron que uno de los cabecillas de la organización regentaba un negocio de compra-venta y alquiler de vehículos en la ciudad de Alicante, el cual utilizaba como empresa pantalla. De esta forma, daba apariencia de legalidad y blanqueaba las ganancias ilegales obtenidas por el grupo criminal.

Con el avance de la investigación, y una vez identificados los miembros del grupo criminal, se desarrolló un dispositivo policial conjunto entre las policías española y francesa. Fruto de dicho dispositivo, detuvieron a 18 personas -9 en España y 9 en Francia- entre las que se encontraban los presuntos cabecillas de la organización.

En nuestro país los agentes realizaron seis registros domiciliarios -cinco en la ciudad de Alicante y uno en Gerona- además de varios registros en diferentes empresas de reparación y venta de automóviles. En ellos incautaron numerosas herramientas y documentación, tales como centralitas OBD`s (una de ellas oculta en el interior de la estructura de un armario), troqueles, placas de matrícula, bastidores, ordenadores y material electrónico para la manipulación de coches sustraídos. Asimismo, intervinieron cinco vehículos utilizados por la organización.

80 vehículos robados en los últimos meses

A los detenidos se les imputa la comisión, en nuestro país, de más de 80 robos de vehículos, 48 de los cuales han quedado totalmente esclarecidos con la investigación. Además, los agentes han recuperando 12 de estos vehículos que ya han sido entregados a sus legítimos propietarios.

En la última fase de la investigación, que tuvo lugar la semana pasada en Alicante, los investigadores detuvieron a dos personas que tenían una estrecha relación con una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Los ahora detenidos, presuntamente, colaboraban con la organización criminal dando por buenos determinados vehículos sustraídos en Francia y matriculados en España que, posteriormente, eran enviados a países del Magreb para su venta final.

Los detenidos en España son de nacionalidad francesa, argelina y española, y sus edades están comprendidas entre los 36 y los 48 años. Han sido acusados de los delitos de robo con fuerza, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal, y han pasado a disposición judicial, ingresando cuatro de ellos en prisión provisional.