Carmen Martinez, alcaldesa de Quart de Poblet Durante los últimos 20 años
el debate social, político
y jurídico sobre la violencia que se ejerce sobre las
mujeres en este país ha llenado muchas páginas y horas de tertulias en
los medios de comunicación; desde que se aprobara hace más de 15
años la ley orgánica contra la violencia de género impulsada por el
gobierno de Rodríguez Zapatero,
nuestra sociedad ha ido experimentado un cambio de sensibilización,
sin embargo, no puedo evitar sentir que vivimos un momento de inflexión en cuanto a la lucha por la libertad de todas las mujeres.
Desde la llegada de VOX al Congreso y a otros parlamentos autonómicos como el nuestro, se han
saboteado multitud de declaraciones institucionales de apoyo a las
víctimas y los recursos destinados
a la lucha contra esta violencia estructural se están reduciendo a causa de los pactos de gobierno con este partido negacionista. Además, la
pandemia no ha ayudado a mejorar la situación, y a consecuencia
del confinamiento las administraciones hemos tenido que reconfigurar los recursos asistenciales y
adaptarlos a esa nueva realidad en
la que, si no era posible salir de casa, ¿cómo iban a salir todas esas mujeres de sus contextos de violencia?
Los mismos recursos digitales que
en situación de normalidad nos conectan y tejen redes de apoyo dejan
ser útiles porque, en la mayoría de
los casos, las víctimas no tienen autonomía ni privacidad. Los servicios
de atención psicológica, social y jurídica no sirven si no son presenciales. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar la protección de todas estas
mujeres? Sólo se me ocurre que la
solución pasa por volver a los orígenes y coordinar una “nueva” gestión
colectiva de protección y cuidados.
Del mismo modo que la crisis sanitaria nos ha hecho volver la cabeza hacia modelos de vida más pausados y conectados con el entorno,
en la lucha contra la violencia las estructuras de apoyo deben volver a la
escala humana, y las instituciones,
allá donde nos dejen, debemos dar
soporte e impulsar estas comunidades, dotar con recursos materiales
y humanos los equipos de ayuda y
fomentar la reflexión académica y
social de la violencia endémica y
transversal que nos golpea.
La falacia antifeminista está
irrumpiendo en nuestras instituciones y hay que tomar partido,
porque la equidistancia no
es una postura legítima
cuando de lo que se trata
es de subyugar a la mitad
de la población
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