El alcalde de alicante, Luis Barcala, durante la visita a las obras de construcción de viviendas de alquiler asequible del Plan Vive en el barrio alicantino de Rabasa. Archivo/EFE/Morell
La alto cargo del ayuntamiento de Alicante relacionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de promoción pública en una zona de la Playa de San Juan ha dimitido del cargo.
Se trata de la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, han confirmado a EFE este viernes fuentes del ayuntamiento.
La marcha del puesto de Pérez-Hickman se produce un día después de que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, ordenara la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de viviendas de esa promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan por "sospecha" de posibles irregularidades.
El alcalde tomó esa decisión después de que se conociera que una concejal popular de su equipo de gobierno, un arquitecto municipal y dos hijos de Pérez-Hickman fueran adjudicatarios, supuestamente, de viviendas públicas en ese área.
Entre críticas de los partidos de la izquierda, Barcala señaló que “llegará hasta el final” por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico.
La investigación se había abierto hace escasos días
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, había ordenado este miércoles la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, que se inició en 2018.
En un comunicado, el dirigente popular había recalcado que “llegará hasta el final” por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico.
“Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar", ha dicho Barcala, antes de sostener que se llegará "hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente”.
De esta manera, ha señalado que este mismo miércoles ha pedido al secretario general del Ayuntamiento que inicie un expediente de averiguación de hechos.
“Aclarar que, si este equipo de Gobierno tiene la menor sospecha, llevaremos el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda”, ha proseguido antes de comprometerse “a informar con todo detalle de la tramitación del expediente durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión”.
El informe de averiguación de hechos ordenado por el alcalde requiere información a la Concejalía de Urbanismo, a la Concejalía de Patrimonio y a la Concejalía de Contratación, concretamente que informen de la relación de personal que ha participado en el expediente urbanístico, sea cual fuere la condición de funcionario, personal laboral o su puesto en dicha área.
El responsable designado para instruir este informe de aclaración es el secretario general del Ayuntamiento de Alicante.
La medida ordenada por el alcalde se produce a raíz de que el periódico Información publicara el miércoles que una concejal, un arquitecto municipal y dos allegados de una alto cargo han sido adjudicatarios de viviendas públicas en la zona de La Condomina
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