Adrián Navalón. Nuestra Constitución establece que los municipios como entes básicos del Estado. Las comunidades autónomas, sin embargo, las deja a la voluntad de los territorios. Así pues, el municipio es básico, junto a la provincia, pero las comunidades autónomas no.
Respecto del municipio la Constitución garantiza la autonomía municipal para la gestión de sus competencias e intereses y además expresa meridianamente claro que los municipios deben tener la capacidad financiera para el cumplimiento de sus fines. Pese a ello, poco establece sobre las concretas competencias de los municipios y, a pesar de otorgarle la importancia de ente necesario del estado, lo deja en cierta medida vacío de contenido. La construcción histórica del Estado en España ha privilegiado sobremanera a las comunidades autónomas las cuales, además, sí que gozan de mayores competencias constitucionales y aún es más, les da capacidad para tener su propia "constitución" territorial a través del estatuto de autonomía.
Quienes creemos en el municipalismo como fuerza política transformadora y cercana no podemos sino mirar a esta construcción de la estructura territorial con cierta decepción. El municipio, en esta concepción de país, es el último espacio político en importancia pese a ser el espacio fundamental donde se desarrolla la vida y donde las distintas opciones políticas tienen el mayor impacto. Quizás esta situación derive de la importancia historia de las ciudades para la segunda venida de la República y para la lucha social, quizás derive también de la concepción franquista de los ayuntamientos como institución de control social que más tarde se ha traducido en la corrupción municipal y el caciquismo.
Los municipios, por desgracia, son quienes tienen las competencias más difuminadas y complejas, en gran medida hasta confusas para la ciudadanía, y, por otro lado, son los entes territoriales con las mayores dificultades financieras gracias a la escasa capacidad tributaria. Pocas competencias y escasa financiación se traduce en incapacidad. Allí donde la política es más palpable es, contra toda lógica, el lugar en el que la propia voluntad del pueblo tiene menos capacidad de acción. Aún con todo, la política municipalista valiente busca los márgenes de la Constitución (con mucha imaginación puesta al servicio de la gente) para poder ampliar la capacidad financiera y ampliar servicios... Un buen ejemplo es Barcelona, donde Ada Colau ha puesto en marcha, contra viento y marea, una comercializadora energética pública o el servicio de dentista municipal.
Que los municipios tengan que estar exprimidos, sobreviviendo a base de subvenciones de las diputaciones o de la UE y llevando la política a los límites de la Constitución nos habla de un fallo estructural grave en nuestro Estado y en nuestra democracia. Es necesaria una reforma legal y constitucional que clarifique las competencias municipales y las fuentes tributarias y, sobre todo, hacer que la política municipal recupere el vigor y la capacidad de acción que nunca debió de perder.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia