Antonio Montiel. EPDA
Diez
de los 15 gobiernos estatales de los últimos 40 años, lo han sido
en condiciones de mayoría simple para la investidura de sus
respectivos presidentes (2 con presidencia de UCD, 3 del PP y 5 del
PSOE). Y, prácticamente en todas las legislaturas de la democracia,
se ha requerido del concurso de las minorías nacionalistas para
desplegar buena parte de la acción legislativa y de gobierno. ¿Dónde
está pues la perturbadora novedad de la singladura que comienza y
cuál puede ser su rendimiento?
Un
breve repaso histórico muestra que en la configuración del sistema
político español fue determinante la experiencia de la ajustada
victoria del candidato “oficialista” Adolfo Suarez en junio de
1977 cuando, a pesar de controlar el aparato gubernamental, solo
obtuvo mayoría simple con la que pilotar un proceso político
preñado de incertidumbre. Así, la debilidad estructural de la UCD
influyó en la opción por una fórmula que asegurase la primacía al
poder ejecutivo sobre el legislativo y dentro del ejecutivo al
presidente, a quien se atribuye la dirección del gobierno y la
coordinación de las funciones de sus restantes miembros, sin
perjuicio de la autonomía y responsabilidad de
estos en el ámbito de su respectiva gestión.
La
Constitución de 1978 consagró así una asimetría en la división
de poderes que se completó con un sistema electoral desigual que
sobrerrepresenta a las circunscripciones de menor población,
consideradas tendencialmente más conservadoras, y el afianzamiento
de los partidos políticos como cauce prácticamente exclusivo de
participación política.
A
pesar de tantas precauciones y de la insistencia oficial en el relato
de la “gobernabilidad”, lo cierto es que el bipartidismo nunca
fue perfecto, como lo acredita la abundancia de gobiernos en minoría
parlamentaria. Así pues lo verdaderamente novedoso en esta nueva
singladura es, de un lado, la certificación del fin del bipartidismo
y, de otro, la formación del primer gobierno de coalición a nivel
estatal después de 80 años.
Existen
antecedentes suficientes donde mirarse, no solo en la UE donde los
gobiernos de coalición son habituales y los de carácter monocolor
son la excepción, sino también en nuestra tradición municipal y
autonómica. De hecho, más de un tercio de los gobiernos autonómicos
habidos hasta la fecha han sido de coalición y, ahora mismo, trece
de los 17 gobiernos autonómicos se sustentan en acuerdos semejantes.
Por
otra parte, y sin perjuicio de la utilidad que sin duda tendrá el
protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento
del acuerdo de gobierno que incluye, además de normas para una
estrategia de comunicación conjunta, un procedimiento para la
resolución de discrepancias entre las fuerzas firmantes del programa
de coalición progresista, no hay que perder de vista los mecanismos
internos del propio sistema político que tienden a favorecer la
estabilidad gubernamental.
La
Ley del Gobierno de 1997, establece el examen previo por la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de cuantos asuntos
deban ser objeto de aprobación por el Consejo de Ministros. El
carácter reservado de las deliberaciones de esta Comisión que le
corresponde presidir a la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia
y a la que asistirá también la persona titular de la Abogacía
General del Estado, ha de posibilitar que los eventuales disensos no
alcancen al Consejo de Ministros.
Hay
que admitir que la ausencia de una cultura previa que valore la
escucha activa, el diálogo honesto y la generosidad política, juega
en contra de este primer gobierno de coalición. Precisamente por
ello, y sin minusvalorar el efecto cohesivo que puede propiciar el
discurso tremendista de la oposición, va a hacer falta un intenso
trabajo para superar desconfianzas mutuas, además de poner en
práctica buenas dosis de humildad, voluntad y talento para asegurar
una cooperación efectiva que favorezca el cumplimiento del programa
político pactado.
Retos
que podrían ser más llevaderos si se acompañasen de la apertura de
cauces estables de interlocución y participación de la sociedad
civil como factor clave para restablecer la imprescindible confianza
de una ciudadanía harta ya de confrontación partidaria estéril y
de bloqueo institucional.
Antonio
Montiel Márquez.
Profesor
Asociado de Ciencia Política y de la Administración.
Universitat
de València
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