EU Barrio del Cristo ha registrado
hoy
mismo en el Ayuntamiento de Aldaia una nueva moción conteniendo
la
que ya fue aprobada en 2017 por unanimidad en la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), sobre control y
gestión
públicas locales de la energía hidroeléctrica (ayuntamientos,
mancomunidades, consorcios…). Moción que fue presentada entonces
por las principales entidades vecinales, consumeristas y
sindicales
valencianas bajo un doble argumento: que la situación del
mercado
eléctrico creaba graves problemas a gran parte de la población
(actualmente se han incrementado) y que el derecho de acceso a
la
energía debe considerarse un principio básico de calidad de vida
y
de bienestar colectivos.
En la moción
presentada ahora y que “recupera” la de 2017 del olvido, por
así
decirlo, también se añaden algunas propuestas de acuerdo más
que
apelan directamente a la implicación de la Generalitat
Valenciana y
las corporaciones locales. (Ver la redacción literal en este
enlace
https://drive.google.com/file/d/1uU2uV8ic8o5lzHEv37FAttPMZohepsyk/view?usp=sharing).
Juanjo Llorente, coordinador del
colectivo del Barrio del Cristo, señala: “hace cuatro años, en
la
Generalitat y muchos Ayuntamientos ya gobernaban las opciones
“progresistas” pero la moción que se aprobó en la Federación
Valenciana de Municipios permaneció ignorada pese a que las
subidas
de tarifas eléctricas han continuado creciendo hasta los máximos
históricos actuales. Recientemente, el gobierno estableció una
rebaja temporal del IVA de estas facturas al 10%, lo que en
rigor
constituye un “parche” que alivia apenas a las economías
domésticas favoreciendo en cambio a las multinacionales, que
seguirán enriqueciéndose, al tiempo que se recortan los ingresos
a
las arcas del estado y la Generalitat para financiar más
políticas
sociales. Necesitamos una mayor responsabilización pública y por
eso con esta moción solicitamos a las corporaciones locales y a
la
autonómica un compromiso real y efectivo con las familias más
vulnerables”.
María José
Lianes Laserna, responsable de la Secretaría de Igualdad,
afirma:
“La privatización de
sectores
estratégicos como el de la energía, por parte de los
gobiernos,
ofreciendo la gestión al mercado capitalista criminal basado
en el
lucro y las prebendas (puertas giratorias) genera sufrimiento
y
malestar sociales, incluso muertes, especialmente a la clase
trabajadora, a los sectores más vulnerables económicamente y
en
particular a las mujeres, las que más sacrificios hacen por
mantener
sus hogares, las que en peores condiciones están, laboral y
socialmente, con una calidad de vida inferior a la de los
hombres,
las que permanentemente se ven más afectadas por la pobreza y
la
relacionada con la energética no iba a ser menos. Llamamos al
gobierno y a las administraciones públicas a defender los
intereses
de la gran mayoría, garantizando de una manera justa y
democrática
este servicio básico y vital”.
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