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POLÍTICA

El PP obvia al Consell y mantiene un plan urbanístico que contempla hasta 2.300 casas en Alicante

El grupo municipal de Guanyar ha presentado una moción al pleno de enero este jueves para que se acatase ese requerimiento, pero la propuesta ha quedado rechazada

EFE - 31/01/2019

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en un pleno del Ayuntamiento de Alicante. EFE/Archivo

El Ayuntamiento de Alicante mantendrá su posición respecto a la consideración urbanística del sector de Pino y Ruaya, aprobada en el pleno ordinario de octubre, pese al requerimiento formulado por la Dirección General de Ordenación del Territorio en diciembre, en el que se conminaba a rectificar dicha decisión por "exceder" las competencias municipales de clasificación del suelo.

El grupo municipal de Guanyar ha presentado una moción al pleno de enero este jueves para que se acatase ese requerimiento, pero la propuesta ha quedado rechazada.

La iniciativa ha contado con el voto en contra de los 8 ediles del equipo de Gobierno del PP, los 5 concejales de Ciudadanos (Cs) y el de la edil no adscrita Nerea Belmonte, mientras que Guanyar y Compromís (8 regidores, en total) han votado a favor, y el PSPV-PSOE y el segundo edil no adscrito, Fernando Sepulcre, se han abstenido.

Con la citada propuesta, la plataforma electoral que lidera Esquerra Unida (EU) pretendía forzar al equipo de Gobierno, del PP, a acatar la corrección dictada por la Generalitat, a la vista del informe en el que se advertía de que el Ayuntamiento había invadido las competencias de la Generalitat al asignar parámetros urbanísticos concretos a ese sector, no previstos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de 1992 a la que, a priori, se pretendía dar cumplimiento.

En concreto, dicho acuerdo aprobado en octubre daba ese fallo por ejecutado al reconocer a las 40 hectáreas del citado sector el carácter de suelo urbanizable no programado.

Además, en su ficha urbanística se le asignaba la condición de suelo residencial con una edificabilidad máxima de 50 viviendas por hectárea (es decir un máximo de 2.350 viviendas) en función de los parámetros que rigen en sectores colindantes, como el PAU 3.

Entonces, el propio alcalde, el popular Luis Barcala, defendió que esos parámetros tenían solamente un valor orientativo, ya que debían plasmarse, después, a través de una modificación del PGOU.

En la defensa de la propuesta, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha insistido en que el requerimiento del Consell tilda el acuerdo municipal de irregular y ha recordado que uno de los propietarios del suelo es el controvertido promotor Enrique Ortiz, "presunto corruptor del caso Brugal".

"Esto nos recuerda al urbanismo de promotor, a la carta, de tiempos pasados", ha insistido.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en que el requerimiento del Consell es muy claro y ha vuelto a instar al PP a coordinarse con la Generalitat "porque no es cierto que exista unanimidad entre los técnicos municipales al respecto".

La líder de Ciudadanos (Cs), Yaneth Giraldo, ha señalado que su grupo validó el acuerdo tras las explicaciones de los técnicos municipales y ha instado a Pavón a dejar trabajar a los funcionarios.

La portavoz socialista, Eva Montesinos, ha indicado que su posición sería la de no bloquear el acuerdo de ejecución de sentencia, con una abstención.

Su homóloga del PP y edil de Urbanismo, Mari Carmen De España, ha defendido el acuerdo como estricto cumplimiento de la sentencia en función de los informes de los técnicos municipales, y ha señalado que con esta moción "parece que el señor Pavón aborda una de las cruzadas electorales que nos espera hasta el final del mandato".

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