El diputado por el Partido Popular popular, Alfredo Castelló, en un pleno de Les Corts. EFE/Archivo Manuel Bruque. El portavoz de Vivienda del Grupo Popular en Les Corts, Alfredo
Castelló, ha afirmado hoy que el decreto del Consell del Botànic sobre
tanteo y retracto es "una triple chapuza mortal, hecha con premura y sin
escuchar al sector".
Según Alfredo Castelló, "el
vicepresidente segundo y responsable de Vivienda, Martínez Dalmau, ha
pasado de decir que no haría cambios en el decreto a abrir la puerta a
matices. Más allá de una anécdota es revelador el fondo: sabe que no
está bien hecho".
El diputado popular ha indicado que
este decreto "genera muchas dudas desde el inicio y el hecho de que vaya
llegar a Les Corts sin posibilidad de debate deja clara cuál es la
intención del Consell".
El decreto se someterá a
convalidación en el pleno del 15 de julio sin posibilidad de enmienda,
pero Castelló ha anunciado que es "más necesario que nunca que este
decreto se tramite como un proyecto de ley", por lo que el Grupo Popular
así lo solicitará, han informado fuentes del partido.
Castelló
ha manifestado que desde el PPCV "ya advertimos del carácter
expropiador de esta norma, y parece que ahora genera dudas hasta en sus
socios socialistas. El PSPV va a tener la oportunidad de demostrar que
quiere que se tramite como un proyecto de ley. Solo depende del PSPV que
este decreto se tramite con un proyecto de ley, votando sí a la
propuesta del Partido Popular".
"Un decreto-ley exige una
extraordinaria y urgente necesidad y este no lo tiene, como demuestra
que el mayor recorte presupuestario de esta Conselleria sean
precisamente 40 millones de euros para la adquisición de nuevas
viviendas”, ha explicado Castelló.
“Este año, además,
según el PP, la conselleria "ha recortado un millón de euros de tanteos y
retractos y un millón para realizar nuevas viviendas, por lo que hay
una clara contradicción", ha recalcado el dirigente popular, que ha
añadido que el texto "es inconstitucional porque afecta al derecho de
propiedad, regulado por el Estado.
Según Castelló, "tres
chapuzas seguidas que suponen un golpe mortal para el sector, al que ya
está paralizando. Todo hubiera sido diferente si Dalmau hubiera
escuchado a los expertos, en lugar de ir por libre. Al final lo que ha
generado es una norma que provoca incertidumbre, que podrá paralizar la
compraventa de inmuebles, intervenir en las operaciones entre
particulares y generará un importante perjuicio económico".
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