La diputada del grupo popular Beatriz Gascó. EFE La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado al conseller Marzà por "tratar de coaccionar ilegalmente a quien opte por la exención del valenciano para el próximo curso en el impreso de solicitud, y ha pedido su retirada inmediata".
En un comunicado, Gascó ha señalado que "el nuevo impreso de Educación para solicitar la exención recoge una declaración de responsabilidad de los padres que condiciona la exención creándoles un sentimiento de culpa al indicar que esa opción perjudica la educación de sus hijos y les sitúa en desventaja para afrontar los retos de la sociedad valenciana en el futuro".
"Marzà no puede imponer a la fuerza sus ideas nacionalistas saltándose las leyes y los derechos de los ciudadanos. Coacciona a las familias haciéndoles sentir padres de segunda cuando tiene pleno derecho a acogerse a esa exención sin ser señalados como apestados".
Gascó ha indicado que "este impreso es una vuelta de tuerca más de alguien que debería haber dejado su cargo hace años por su sectarismo".
"La declaración de responsabilidad la firmó el conseller en el momento de tomar el cargo jurando cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía y, sin embargo, la incumple todos los días con medidas impositivas como esta que atentan contra la libertad. Es la persona menos adecuada para hacer firmar a nadie una declaración de responsabilidad".
La portavoz popular ha señalado que "en el escrito que desde la administración se pasa a las familias se interpreta la ley de forma torticera. Solo se hace referencia a la parte legislativa que le interesa, obviando que la ley recoge que no se puede discriminar al castellano y que hay una serie de derechos en las zonas castellano hablantes recogidas en el Estatuto de Autonomía".
Beatriz Gascó ha explicado que "el anterior modelo de exención estaba recogido en la resolución de 25 de mayo de 2005 y fue publicado en el DOGV. Ahora remiten un nuevo modelo colgado en la web, firmado por la directora general de política educativa, pero que no se sabe quién lo ha aprobado ni qué normativa lo recoge y que además establece unos plazos que no se corresponden con la normativa vigente. Al parecer, la web de consellería tiene más valor que el DOGV".
Por último, Beatriz Gascó ha indicado que "Marzà se empeña en arrebatar un derecho a los ciudadanos, en un intento vergonzoso de considerarnos igual que en Cataluña. Nuestro Estatuto dice que deben delimitarse por ley los territorios donde predomine el castellano. Nadie, ni los docentes, están de acuerdo con esta forma de proceder y el Botànic les da la espalda y no escucha a la comunidad educativa".
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