Pleno telemático de la Diputación La
Diputación de Castellón ha aprobado hoy en pleno, con los votos de PSPV-PSOE y
Compromís, una moción para defender la suficiencia financiera y la autonomía
presupuestaria de los ayuntamientos. La propuesta, debatida en una sesión
plenaria por vía telemática correspondiente al mes de agosto, nace en el
contexto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para contribuir a la
recuperación económica del país tras los efectos negativos generados por la
pandemia de la Covid-19.
En
el texto impulsado por el equipo de gobierno se solicita la tramitación del
Real Decreto Ley 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y
urgente aplicable a las entidades locales como Proyecto de Ley para que pueda
ser objeto de enmienda por parte de los grupos representados en las Cortes
Generales, con el objetivo de conseguir el mayor grado de consenso posible.
Se
trata de una moción en la que también se insta al Gobierno central a derogar la
Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria aprobada en la primera legislatura del
presidente Rajoy para que sea sustituida por otro texto legal “menos hostil con
los ayuntamientos, que incluya unas reglas de gasto más flexibles que las
actualmente vigentes”.
Además,
se reclama que el ejecutivo central “permita a los municipios disponer de los
superávits de 2019 y los remanentes acumulados, para hacer frente a los gastos
derivados de las medidas de reactivación socioeconómica o de emergencia que hay
que llevar a cabo”. Otra de las peticiones es que el Gobierno “garantice
recursos a aquellos ayuntamientos que no dispongan de remanentes, de tal manera
que no se generen discriminaciones”.
El
equipo de gobierno de la Diputación, que considera que el Real Decreto Ley
27/2020 contiene aspectos “muy positivos” como las ayudas de 5.000 millones de
euros para los ayuntamientos o la no exigencia del cumplimiento de la regla de
gasto para 2020, apela al consenso de los grupos representados en el
parlamento, a los que solicita “un esfuerzo para alcanzar una acuerdo que
satisfaga los intereses y las necesidades de las entidades locales”.
En
nombre del Grupo Socialista ha defendido la moción el diputado Santiago Agustí,
quien ha destacado que el Real Decreto “tiene cosas positivas que, sin duda,
pueden mejorar en el debate parlamentario, que reclama que “sea sosegado”.
También ha explicado que “no suspende la utilización de los remanentes, sino
que que garantiza la liquidez de las administraciones”, y ha finalizado
diciendo que “todos queremos reconducir la ley aprobada en tiempos del señor
Montoro, pero hay que tener en cuenta que se trata de una ley orgánica y que,
dada la situación, era necesario actuar con urgencia”.
Por
su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha manifestado que “este no
es el momento de políticas de austericidio” y ha defendido que “los
ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades puedan disponer de sus recursos
económicos” para ser el “motor de la reconstrucción en nuestras comarcas desde
un paradigma de proximidad”. En esta línea, el representante valencianista ha
pedido que el gobierno estatal vaya de la mano de las administraciones locales
para lograr la recuperación, puesto que “son las instituciones más próximas a
las personas y las que mejor pueden detectar las necesidades derivadas de la
crisis sanitaria y las crisis social y económica” que está generando la
pandemia.
Accionistas de Tragsa
En
el pleno celebrado hoy también se ha aprobado con los votos de PSPV-PSOE,
Compromís y Ciudadanos la entrada de la Diputación en el accionariado del grupo
público Tragsa, una decisión que según el diputado de Bomberos, Abel Ibáñez,
ayudará a “multiplicar los recursos técnicos y humanos ante emergencias o
catástrofes en la provincia y reforzar los servicios de nuestro Consorcio de
Bomberos”. Supone un “gran paso” porque mejorará la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, en
las que con solo realizar una solicitud se podrá disponer “de forma inmediata”
de los más de 11.000 trabajadores y las 1.200 máquinas de las que dispone esta
empresa estatal. Hasta ahora, la Diputación tenía que licitar los servicios de
respuesta o pedir a otras administraciones que actuaran como intermediarias
para solicitar la actuación de Tragsa, “algo que con la nueva situación, ya no
será necesario; al ser accionistas nuestra velocidad de reacción será mucho
mayor”.
La
entrada de la Diputación en el accionariado de Tragsa se materializa mediante
la compra de una acción valorada en 8.225 euros. Cabe recordar que actualmente
la empresa pública está participada mayoritariamente por el Estado, a través de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la Administración
General del Estado, y en menor grado, por las comunidades y ciudades autónomas,
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.
Disolución Consorcio Pla de Meanes
Otro de los acuerdos adoptados en el pleno,
en este caso por unanimidad, ha sido la propuesta de disolución del Consorcio
de Aguas del Pla de Meanes. La institución provincial deja así sin efecto las
actuaciones conducentes a la constitución y funcionamiento del órgano,
pendiente desde hace nueve años, durante los que ha permanecido inactivo, e
insta a los ayuntamientos asociados a solicitar la adhesión como miembros de
pleno derecho del ente homólogo del Pla de l’Arc.
El diputado provincial de Sostenibilidad,
Ignasi García, ha manifestado que «es un primer paso que realizamos desde la
Diputación para integrar los organismos de gestión de aguas de la provincia en
uno solo que garantice a largo plazo un abastecimiento de agua potable más
eficiente y solidario para todos los municipios de la provincia, tal como
especifica el Plan Director de la Agua». De momento, esta acción permitirá la
regularización de la gobernanza de los recursos hídricos del antiguo consorcio
de Meanes y la posibilidad de captar inversiones más abundantes gracias a la
ampliación del Consorcio del Pla de l’Arc.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia