El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, censuró este miércoles el aborto en sus redes sociales y compartió una foto frente a una clínica abortiva de Alicante: "He participado en la campaña de '40 Días por la vida' orando ante un abortorio".
Munilla, que participó este miércoles en una de las manifestaciones que realiza la organización provida internacional 40 Días por la vida, resaltó en su cuenta de Twitter que "si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia".
El obispo de Orihuela-Alicante, que como obispo de San Sebastián ya subrayó que el aborto es "una masacre de inocentes" que supone un "holocausto silencioso", también afirmó que la "ideología de género" quería "deconstruir el modelo familiar tradicional" y que era "una metástasis del marxismo, asumida ahora por la cultura secularizada, mayoritaria en Occidente".
De hecho, ya en Alicante, donde tomó posesión como obispo el pasado 12 de febrero, señaló que "se acercan tiempos de persecución" hacia la Iglesia católica por "resistirse a la imposición del pensamiento único dominante".
El concejal de Compromís en Alicante Rafa Mas y el senador del mismo partido, Carles Mulet, han trasladado este jueves al Gobierno una petición para que actúe contra una conducta "presuntamente delictiva" de Munilla, que, a juicio del partido valenciano, se dedica "a acosar a clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo".
"No podemos permitir el acoso a trabajadoras y trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional, y menos por parte del representante de la Iglesia como es el Obispo Munilla, cuyo reprochable comportamiento no se ajusta ni a la Ley", ha afirmado Mas.
Así, han resaltado que Compromís pedirá explicaciones en el Senado al Gobierno Central y preguntará sobre las medidas que van a adoptar para "instar a identificar y denunciar ante los tribunales a estos presuntos delincuentes que se concentran contra una clínica para presuntamente amedrentar y coaccionar a mujeres".
Han recordado que tras la modificación, el pasado 12 de abril, de la Ley Orgánica 10/1995, "el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días".