El
juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha estimado la petición de
la Universitat de Valencia y ha ordenado
el desalojo del Colegio Mayor Luis Vives, al que accedieron por la
fuerza varios jóvenes que desde hace más de un mes permanecen en el
edificio propiedad de la institución académica.
La
instructora acuerda así la medida cautelar solicitada por la
Universitat, que recientemente
presentó un escrito en el Juzgado solicitando que se oficiara a la
Policía Judicial para que se procediera al desalojo del inmueble ubicado
en la Avenida Blasco Ibáñez de Valencia, “ocupado sin autorización de
la propietaria”.
A petición de la Universitat, la jueza dictó ayer el auto en el que ordenó a los agentes “que
procedan a desalojar a los ocupantes que ilegalmente se encuentran en el inmueble”, sede del Colegio Mayor Luis Vives.
En
la misma resolución se ordena que se identifique a la personas que
estén ocupando el edificio
en el momento del desalojo y se requiere a la Universitat, como
propietaria del mismo, para que “adopte las medidas pertinentes para
evitar nuevas ocupaciones” una vez ejecutado el desalojo y recuperada la
posesión del bien inmueble.
El
desalojo acordado hoy es una medida cautelar dictada en el marco de
un procedimiento judicial, en el que ya se ha acordado juzgar a los
“okupas” por un delito leve de usurpación de bien inmueble, castigado
con penas que oscilan entre los 3 y los 12 meses de multa.
El juicio, ya convocado, aún no tiene fecha. Se celebrará cuando los denunciados
designen abogado.
La causa por un delito de usurpación de bien inmueble se abrió el
mes pasado,
tras recibir una denuncia por ocupación presentada ante la Policía
Nacional por el director de Seguridad de la institución académica.
El
director de Seguridad de la Universitat presentó la denuncia el pasado 1
de mayo en la comisaría
del distrito de Exposición, tras el aviso del vigilante del Colegio
Mayor Luis Vives, quien le comunicó que unas 20 personas habían saltado
la valla del recinto y habían roto el candado de la cadena que lo
mantenía cerrado.
El
denunciante advertía que las instalaciones estaban en ruinas y
pendientes de acondicionamiento
y que existían informes técnicos sobre el riesgo para las personas por
posible derrumbe, informes que no han sido aportados al procedimiento
judicial.
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