Foto archivo EFE El conglomerado de empresas que constituye el Grupo Cívica, encabezado por Enrique Ortiz, ha apostado por que el Catálogo de Protecciones de Alicante mantenga la protección patrimonial y ambiental y que, a la vez, sea "compatible con el también necesario desarrollo urbanístico".
En un comunicado, Cívica ha defendido este miércoles las alegaciones presentadas por varias de sus filiales frente a la propuesta de catálogo de protecciones de Alicante, que se ha debatido y aprobado hoy en un pleno extraordinario con los votos a favor de PP, Cs, PSPV-PSOE y Compromís.
El Grupo Cívica ha apuntado, a través de un comunicado, que esas objeciones, registradas durante la fase de exposición al público de la propuesta, "tienen como único objetivo defender" los "legítimos derechos e intereses" del grupo empresarial.
"En ningún caso han pretendido evitar la aprobación de un catálogo de protecciones de la ciudad, que consideramos una herramienta necesaria y positiva para Alicante", añade el comunicado.
En esta línea, sostiene que "lo que defiende el Grupo Cívica es que el catálogo de protecciones de Alicante mantenga un criterio de protección patrimonial y medioambiental ajustado a la realidad de la ciudad, compatible con el también necesario desarrollo urbanístico de Alicante".
Así, Grupo Cívica "reitera su compromiso con los valores medioambientales y la protección del patrimonio, así como su deseo de contribuir al desarrollo económico de Alicante y la creación de puestos de trabajo".
En concreto, una de las alegaciones presentadas por las sociedades del grupo planteaba la existencia de un error formal en su proceso de exposición al público en la medida en que no se había difundido a través de la página web municipal el documento de Estudio Ambiental y Planificación Estratégica, lo que habría impedido su consulta para la presentación de objeciones.
Así, las alegaciones indicaban que ese defecto formal podía implicar un vicio de nulidad.
No obstante, esas alegaciones quedaron desestimadas por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo después de que un informe de los servicios jurídicos municipales concluyese que se trataba de una "omisión subsanable" que no implicaba la nulidad del plan.
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